BUENOS AIRES (Télam). Los tribunales orales federales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y de Formosa, reanudarán esta semana las audiencias en sendos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El Centro de Información Judicial recordó que el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín continuará a partir de hoy con la recepción de los alegatos de las defensas de cinco de los seis imputados en el debate por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, hechos cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo.

Los camaristas retomarán así el proceso en el que los banquillos de los acusados los ocupan los ex altos jefes del Ejército Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaetsen, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni, y el ex policía Alberto Aneto.

Allí los magistrados juzgan los hechos ocurridos el 15 de abril de 1976 cuando la mujer y su hijo fueron secuestrados, torturados y el joven asesinado y su cadáver apareció en las costas de Uruguay el 14 de mayo de ese año, mientras Iris de Avellaneda fue puesta a disposición de Poder Ejecutivo y permaneció en esa condición hasta junio de 1978.

El Tribunal Oral Federal de Formosa, reiniciará mañana el juicio oral que comenzó el 25 de febrero contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general retirado Juan Carlos Colombo, acusado por los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.

En tanto, el 4 de agosto próximo el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF5) de la Capital Federal retomará el proceso que comenzó el 9 de febrero contra el ex general Jorge Olivera Róvere, en el marco de los hechos ocurridos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército y en el que también están imputados Teófilo Saa, Bernardo Menéndez, José Lobaiza y Felipe Alespeiti.

La agenda del TOF5 prevé que los magistrados comiencen en los primeros días de octubre el juicio oral y público contra una veintena de represores que actuaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Los expedientes por los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo y en la ESMA forman dos de las "megacausas" reabiertas tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final y son tramitadas, en primera instancia, por los jueces federales Daniel Rafecas y Sergio Torres, respectivamente.