SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La secretaria de Planeamiento, Fabiela Orlandi, advirtió que "los dueños de la tierra les están dando las parcelas más complicadas a las cooperativas" y éstas a su vez presionan al Estado para aprobar loteos en zonas de fragilidad ambiental o sin indicadores, que están vedadas a nuevos desarrollos urbanísticos.

En la última reunión del Consejo Social de Tierras la funcionaria planteó la necesidad de sumar a la mesa de diálogo a los propietarios de las grandes parcelas baldías de la ciudad para clarificar el debate sobre el acceso a la tierra. Al encuentro también concurrieron los representantes de las dos cooperativas cuestionadas por vender o promocionar loteos sociales sin la respectiva aprobación ni la propiedad de la tierras: Rucas del Sur y Quimey Ruca, que justificaron su accionar en "la necesidad de la gente" y la "ausencia de Estado".

Orlandi explicó que a la mayoría de las cooperativas y consorcios "les ofrecen tierras sin aptitudes para urbanizar" y que "de esa forma los ponen en el medio para que nosotros estemos obligados a darles los indicadores".

La funcionaria puso a disposición de todas las organizaciones de base el diagnóstico de la ciudad elaborado por los técnicos de Planeamiento para "orientar desde el CST cuáles son las mejores tierras disponibles" .

La mayoría de las consultas formuladas a Planeamiento por grupos de autogestión en los últimos meses están orientadas sobre tierras a las que hay que dar indicadores especiales. Y al menos dos parcelas, en las que el desarrollo urbanístico está prohibido por la reserva que hizo la Carta Orgánica para la ruta de Circunvalación, fueron ofrecidas a varias cooperativas a razón de 15 dólares el metro cuadrado.

El marco de excepción abierto por la emergencia habitacional dio lugar a nuevas formas de negocios inmobiliarios que buscan generar herramientas para solucionar la abrumadora falta de viviendas y tierras a valor social. Tierras que no pueden cotizar en el mercado de bienes raíces por las restricciones constructivas que impone la normativa vigente.

A ese panorama de especulación se suma la desprolijidad de las cooperativas o consorcios que salieron a ofrecer loteos no autorizados. En la mayoría de los casos se solicitaba a los interesados un anticipo de $ 2.000 o más, bajo la figura de "opción de compra", para luego adquirir el inmueble con los fondos recaudados y alguna garantía prendaria y recién entonces iniciar la tramitación del fraccionamiento.

Tanto el Consejo Social como los funcionarios de Planeamiento recordaron que "se debe respetar el marco legal" y que "no se puede vender lotes sin la aprobación municipal del loteo y la regularización dominial.

Tal el caso del loteo "Ruca Ñirihuau" promocionado por la cooperativa Quimey Ruca que ofrecía 360 lotes de 300 m2, la mayoría ubicados en el área de inundación del río, y solicitaba a los interesados "$ 2.000 a abonar a partir del 10 de julio" para acceder a la opción de compra y $ 18.000 "a los 60 días de la fecha".

El titular de la entidad, Alberto Fernández, aseguró ante las organizaciones del CST que "no pensábamos cobrar un peso hasta tener la viabilidad del loteo" aunque admitió que comenzaron a promocionar el boceto sin haber hecho la consulta al municipio.