Con realismo descarnado, el diputado nacional y referente de Unión-PRO Francisco de Narváez insiste en que "lo primero que tiene que hacer" la presidenta si quiere reconciliarse con la sociedad "es marginar absolutamente a Néstor Kirchner", ya que caso contrario el diálogo que se ha puesto en marcha no servirá para nada. Aunque muchos comparten la opinión de quien tiene derecho a atribuirse el triunfo impactante sobre un político desacostumbrado a las derrotas electorales que modificó el mapa político del país, pocos se animan a manifestarla de forma tan inequívoca. Que todos, salvo los opositores más vehementes, se sientan cohibidos es comprensible. Al consentir la decisión del entonces mandatario Kirchner de prestarle a su esposa la presidencia por cuatro años con la presunta intención de recuperarla en diciembre del 2011, de este modo prolongando su "proyecto" personal, la ciudadanía agregó a los problemas de convivencia política que suelen darse en todos los gobiernos los planteados por los vínculos personales de los dos integrantes del matrimonio. De no ser por la relación íntima de la presidenta Cristina de Kirchner con el ex presidente -y, a pesar de todo lo sucedido últimamente, el hombre fuerte actual del gobierno-, le sería mucho más fácil reconocer que le convendría alejarse cuanto antes de la influencia de quien ya ha perjudicado tanto su gestión que, a juicio de muchos, podría resultarle muy difícil completarla en la fecha fijada por la Constitución. Puede que resulte natural que Cristina se resista a enfrentarse a su marido, pero es injusto que el país entero sea rehén de su propio drama conyugal. También es injusto que, además de tener que tomar en cuenta los factores políticos habituales, los preocupados por el futuro nacional se vean constreñidos a especular en torno de lo que podría calificarse de los secretos de alcoba de los santacruceños.

Con el poder que ha logrado conservar merced exclusivamente a su relación matrimonial con la presidenta, Kirchner sigue procurando asegurarse "la lealtad" de quienes hasta hace poco eran sus partidarios, castigando a aquellos gobernadores e intendentes "traidores" que, para su furia, obtuvieron más votos que él -en los casos de algunos, decenas de miles más- en las elecciones legislativas por los cortes de boleta. El método empleado es el de siempre. Según se informa, Kirchner está en condiciones de privarlos de los fondos que necesitan y no vacila en hacerlo. Que un ciudadano privado, uno que para más señas no desempeña función oficial alguna, haya podido actuar de tal manera en un país presuntamente democrático es francamente escandaloso, pero parecería que la clase política en su conjunto se siente incapaz de defenderse contra los ataques del ex presidente que, es evidente, no se preocupa del todo por el hecho de que los directamente perjudicados por su mezquindad selectiva sean los habitantes más pobres del conurbano bonaerense. Hasta ahora, los intendentes que según Kirchner lo engañaron no le han explicado a la gente quién es el responsable directo de bloquear la asistencia posibilitada por los aportes de los contribuyentes a los que para nutrirse adecuadamente dependen de las autoridades locales; si comenzaran a hacerlo, el apoyo que aún conserva entre "los humildes" no tardaría en evaporarse por completo, ya que la táctica elegida por el ex presidente difícilmente podría ser más reprensible.

Mientras Néstor Kirchner siga actuando como un presidente de facto, además de ministro de economía ídem, que no se siente obligado a rendirle cuentas a nadie, la Argentina carecerá de un gobierno auténtico. Lo entienda o no la presidenta Cristina Fernández, no le será dado administrar el país de manera aceptable si se empeña en proteger a un hombre que parece decidido a subordinar todo a su propia sed de venganza y que por tal motivo aprovecha el poder constitucionalmente investido en su mujer. Se trata de una situación absurda más apropiada para un reino medieval o la Roma de los emperadores más caprichosos que para una república moderna de la importancia de la Argentina. Les corresponde a los demás dirigentes políticos cambiarla pero, con la eventual excepción de De Narváez, parecen reacios a asumir dicha responsabilidad.