La disminución de los ingresos (por regalías y propios) y el aumento desmesurado del gasto corriente han puesto nuevamente a la provincia del Neuquén en una difícil encrucijada. La coyuntura que atraviesa la provincia reviste un nivel de gravedad del cual no todos los actores toman dimensión y la forma en que el gobierno provincial decida afrontarla y las decisiones que se tomen seguramente marcarán el futuro de los próximos años, incluso más allá de los plazos institucionales. La apelación al pago desdoblado de los aguinaldos, después de ocho años, es el más claro ejemplo.
La provincia del Neuquén está quebrada. Hay que decirlo sin eufemismos porque, para comenzar a resolver el problema, primero se debe reconocer su existencia. Está claro que al admitir que la provincia tendrá un déficit de 400 millones de pesos en el 2009, el gobernador Jorge Sapag ha planteado claramente cuál es el cuadro de situación que se enfrenta y quizás la necesidad de mostrar alguna iniciativa tendiente a revertirla, lo haya llevado a sobrevalorar el acuerdo alcanzado con el gobierno nacional por el precio del gas en boca de pozo. Está claro que fue un bálsamo para aliviar la coyuntura -al menos hasta diciembre de este año- y alejar por un tiempo los fantasmas de un conflicto en el sector hidrocarburífero, pero no resuelve la cuestión de fondo. Los fantasmas pueden alejarse, pero no se disipan.
Neuquén está siendo víctima de la ausencia de una política energética de parte del gobierno nacional y la estrategia política de Sapag de alinearse con Nación -obviamente para poder seguir recibiendo un trato preferencial de parte de la presidenta y su esposo- le han impedido plantarse con la firmeza necesaria para reclamar por los recursos que hoy se le sacan a la provincia.
Así, a modo de ejemplo, nada se ha dicho de los casi 2.400 millones de dólares que Neuquén dejó de percibir entre el 2002 y el 2008 como consecuencia de las retenciones y los controles de precio aplicados por la Nación sobre el petróleo y el gas. De acuerdo con un estudio realizado por Daniel Montamat (economista, ex director de Gas del Estado e YPF y ex secretario de Energía de la Nación), esas medidas frustraron inversiones adicionales en la provincia de 2.870 millones de dólares en el caso del petróleo y 3.490 millones de dólares en el de gas. De esta manera, se redujo fuertemente la apropiación de renta en perjuicio del gobierno provincial y de las mismas compañías productoras, en beneficio del Estado Nacional.
A la hora de hablar de la necesidad de aumentar el precio del gas en boca de pozo, siempre se utiliza como argumento contrario el impacto que esto tendría sobre los usuarios residenciales. Hasta el momento y aprovechando la existencia de una abultada "caja", el gobierno nacional venía sosteniendo las tarifas mediante la aplicación de una fuerte política de subsidios que se distribuían de manera arbitraria. Ahora, que esa "caja" está flaqueando, comenzó un proceso de sinceramiento de las tarifas que rápidamente generó el lógico rechazo de los usuarios pero también de sectores políticos que no dejan pasar oportunidad de practicar la demagogia.
Como caso ilustrativo de esta práctica subsidiaria se puede mencionar el servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. De los 5 millones de usuarios que hay en esos distritos, sólo 5.000 (es decir 1 de cada 1.000) paga una tarifa que cubre el costo total del servicio. El costo de la generación, el transporte y la distribución de un kW/h llega a 0,447 pesos. Pero el 90% de los usuarios paga apenas 0,137 pesos. El resto se cubre con subsidios.
Si es decisión del gobierno nacional el mantener esta política, debe hacerlo incluyendo esos recursos de manera explícita en el presupuesto, pero sin subsidiar al resto del país con recursos que nos pertenecen a todos los neuquinos.
Más allá de los efectos de las políticas nacionales y su repercusión en las finanzas neuquinas, también se debe hacer mención a las responsabilidades del propio gobierno provincial. Con el argumento de sostener la paz social, a lo largo de un año y medio se fue cediendo a las presiones de distintos sectores -principalmente los gremios estatales- provocando un aumento de casi 1.000 millones en la masa salarial. El pago desdoblado del aguinaldo deja en evidencia que ya no hay recursos para cumplir los compromisos asumidos y las demandas salariales se siguen acumulando. A esto deben sumarse serios problemas de gestión que, en todo caso, deberían ser objeto de otro análisis por separado. Hoy los números del presupuesto provincial asustan. Neuquén, con cerca de 550.000 habitantes, tiene un presupuesto anual de 6.500 millones de pesos. Cruzando el río, la vecina provincia de Río Negro, con 100.000 habitantes más, el presupuesto no llega a los 4.000 millones de pesos.
Según las propias estimaciones oficiales, el nuevo acuerdo con la Nación por el precio que Cammesa pagará a la provincia por el gas que se utiliza en la generación de energía, representará para la provincia ingresos extras cercanos a los 45 millones de dólares anuales. Si el déficit previsto es de 400 millones de pesos, está claro dónde irán a parar esos recursos.
El delicado cuadro de situación que atraviesa la provincia requiere que todos los actores (gobierno provincial, dirigencia política, gremios estatales, organizaciones civiles) actúen con responsabilidad y manteniendo los pies sobre la tierra. Neuquén ya no es la isla que podía mantenerse alejada de eventuales crisis nacionales. La realidad nos golpea a cada instante. En este escenario, no es momento de ponerse en la vereda de enfrente a tirar piedras, tampoco de la demagogia ni del populismo tan tentador para algunos sectores. Es momento de sumar, de construir desde las opiniones diferentes y de tomar decisiones sin pensar exclusivamente en los costos políticos. Cuando uno tiene el honor de ser elegido por medio del voto popular para gobernar no puede flotar. Debe tomar decisiones. Está en juego el futuro de nuestra provincia. Nada más y nada menos.
(*) Ex intendente de la ciudad de Neuquén y diputado nacional electo por la provincia.
