BUENOS AIRES (DyN).- A 15 años de que se convirtiera en el principal sospechoso del atentado, Carlos Telleldín, el ex reducidor de autos que tuvo en sus manos la camioneta-bomba que voló la AMIA, tiene prohibido salir del país porque la Justicia puede volver a investigarlo por la masacre.
Por pedido del fiscal Alberto Nisman, la jueza federal María Servini de Cubría, subrogando a su colega Rodolfo Canicoba Corral durante la feria judicial, firmó la prohibición para Telleldín, con el fin de "neutralizar los riesgos procesales que atenten contra la realización del proceso penal". Es que la Corte Suprema de Justicia abrió la vía judicial para que el ex reducidor de autos y actual abogado pueda ser nuevamente investigado, pese a haber sido absuelto junto a un grupo de policías bonaerenses en el juicio oral y público que se sustanció contra la llamada "conexión local" del atentado.
Como la Corte anuló el fallo de Casación que confirmaba el resultado de aquel juicio, el fiscal Nisman reclamó que se tomaron las medidas necesarias a fin de evitar que el imputado pudiera escapar del país. "Queríamos asegurarnos de que se hiciera presente en el juzgado si teníamos que llamarlo a declarar. Ahora Casación tiene que dictar un nuevo fallo siguiendo los lineamientos dados por la Corte, pero queremos garantizar que el juicio pueda realizarse y que Telleldín esté a derecho", explicó el fiscal Nisman a esta agencia.
Telleldín fue acusado de haber preparado la camioneta Trafic que se usó para volar la AMIA el 18 de julio de 1994, y fue detenido una semana después del ataque, cuando el motor encontrado entre los restos condujeron hasta él. Luego de sostener durante dos años que le había vendido la camioneta a un sujeto con acento centroamericano llamado Ramón Martínez, en julio de 1996 Telleldín cambió su versión y reveló ante el entonces juez Juan José Galeano que, en realidad, había sido "apretado" por un grupo de policías para entregar el vehículo y que no sabía para qué iba a ser usado. Según dijo, los policías que lo obligaron a ceder la camioneta eran hombres del ahora ex comisario Juan José Ribelli, quien en esos tiempos ocupaba la Jefatura de la División Sustracción de Automotores de la Policía Bonaerense. Así, Galeano arrestó a una veintena de policías. Ribelli y otros quedaron acusados junto a Telleldín de haber participado en el ataque, mientras que otra quincena fueron presos, sospechados de delitos graves no vinculados a la explosión. Luego de casi tres años de juicio, el 2 de setiembre de 2004 el Tribunal Oral Federal 3 anuló las evidencias reunidas durante la instrucción y absolvió a todos los acusados, tras denunciar el pago ilegal de 400.000 dólares.
La Corte Suprema sostuvo que "es arbitraria" la sentencia absolutoria, máxime si se contempla "la magnitud del delito investigado".
