VIEDMA (AV)- Tibias respuestas se conocieron ayer por parte del Gobierno provincial, en relación a la denuncias por el otorgamiento de becas de capacitación.

Esos subsidios habrían sido adjudicados a funcionarios -como plus de sus dietas-, empleados de distintos organismos -evidenciando precarización laboral- o a punteros políticos de distintas localidades, en muchos casos, sin el cumplimiento estricto del fin específico para el que deberían destinarse los fondos.

El gobernador Miguel Saiz, ante la consulta de medios del Alto Valle, expresó que "las becas son un instrumento que se implementa para todos los programas sociales que tiene la provincia y que se rinden mensualmente, en el caso de los fondos nacionales que tanto insisten, y si no, no vendrían las remesas".

En el mismo sentido se manifestó a través de distintos medios radiales de esta capital el secretario general de la Gobernación, Francisco González, quien aclaró además que la cuestión se dirimirá en el ámbito de la Justicia. Esas someras explicaciones se suman a las que antes del 28 de junio expresaron dirigentes del oficialismo, cuestionando la oportunidad de las denuncias y planteando la finalidad electoral de la difusión de los datos.

Ahora, el tema es analizado por la Justicia Penal provincial, ya que la fiscal Federal, Inés Imperiale, -ante quien originalmente personal de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Seguridad Social que dirige Guillermo Marijuán radicó la denuncia- consideró que el fuero no tenía competencia y su dictamen fue refrendado por la Jueza Federal, Mirta Filipuzzi, que lo remitió a la Justicia rionegrina.

Ante la UFISES se habían presentado hace varios meses los legisladores Martín Soria y Carlos Peralta, para entregar documentación que respaldaría las sospechas de discrecionalidad en la entrega de esas becas.

Ayer, en esta capital continuaron las repercusiones por la difusión de los listados de beneficiarios viedmenses durante el año 2007, que realizó días atrás a la agencia ADN.