VIEDMA (AV).- Representantes del Poder Ejecutivo provincial y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pusieron en la mesa de discusiones una serie de mecanismos destinados a concretar el proyecto de jubilar magistrados y funcionarios judiciales con el 82% móvil, pero en principio no hubo acuerdo para alcanzar esa posibilidad dentro la moratoria impositiva. La AFIP arrimará igualmente a la provincia algunos planes alternativos en los próximos días.
El encuentro realizado en Buenos Aires reunió al secretario de la Función Pública, Carlos Oliva, con el coordinador Operativo de Recursos de la Seguridad Social, Horacio Luna Dávila.
En ese marco, el anfitrión de la AFIP le informó a Oliva que si los jueces se acogían a la moratoria la provincia debería pagar la diferencia mediante descuento de la Coparticipación Federal de Impuestos. Es que la normativa nacional acepta aportes por un 13% tomando en cuenta un tope salarial de 8.000 pesos, por lo tanto si algún magistrado alcanza ingresos superiores, el Estado provincial debía hacerse cargo de garantizar la diferencia porcentual.
"La provincia no puede asumir esa deuda mientras la Legislatura no apruebe el convenio firmado en 2007, y mientras tanto nos harán conocer más adelante otros planes alternativos", mencionó Oliva a "Río Negro". El funcionario, antes de viajar, habría estado reunido en el palacio de Justicia en Viedma para evaluar el curso de acción a seguir.
El tratamiento parlamentario del convenio, que permitiría a los jueces ingresar al sector previsional con el 82% móvil, está paralizado desde entonces. El argumento principal sería que sólo los jueces tendrían esta posibilidad en detrimento de otros sectores de la administración pública. Recién este año, los docentes que pasaron a retiro conseguirán cobrar con el mencionado y demorado reconocimiento.
Los fundamentos de los magistrados para acceder a los beneficios previsionales se sustentan en tres puntos fundamentales. En ese momento, se dijo que no se trata de un privilegio sino de un régimen especial avalado por la ley nacional 24.018. No le costará nada al Estado provincial, porque la diferencia en los aportes a la Anses saldrá del bolsillo de los propios interesados y no hay discriminación.
