SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Servicio Forestal Andino inició actuaciones contra una empresa constructora que sin autorización alguna desmontó una hectárea de vegetación autóctona en el barrio Nahuel Malal para emplazar allí un plan de viviendas.
El organismo fiscalizador dispuso la paralización de los trabajos hasta que la contratista presente un informe de factibilidad ambiental. Aun así, por el daño producido le corresponderá una multa que podría llegar a los 20.000 pesos, además de realizar trabajos de recomposición sobre el terreno.
El plan prevé la construcción de 44 casas en el marco de un convenio entre el IPPV y la mutual del Poder Judicial. El predio asignado se encuentra a unos 12 kilómetros al Oeste del casco céntrico, en zona de bosque nativo.
Si bien no había en el lugar árboles de gran porte, la tala afectó a numerosos ejemplares jóvenes de laura, radal, ñire, espino negro y renovales de ciprés.
El responsable local del SFA, Germán Fritz, dijo que la empresa adjudicataria de la obra (Alusa SA) inició los trabajos hace casi dos meses y practicó un "desmonte selectivo pero intenso" sin estudios previos ni autorización de ese organismo, con el fin de emplazar luego las plateas de las viviendas.
"Para ellos fue un simple desmalezamiento, pero los inspectores midieron en el material acumulado más 20 metros cúbicos de leña nativa", sostuvo el delegado.
La empresa ingresó al terreno con maquinarias viales, lo cual la expone a una doble infracción. Ayer el SFA de Bariloche elevó todos los antecedentes a Viedma, donde serán evaluados por la asesoría letrada del Ministerio de Producción.
Pero los sumariantes recomendaron de antemano aplicar a Alusa una multa de 20.000 pesos, más trabajos de recomposición de la flora afectada.
Fritz dijo que los controles en este caso estuvieron favorecidos por la vigilancia activa de los vecinos y de una ong defensora del bosque nativo.
El municipio, en cambio, no había tenido intervención alguna hasta que el Servicio Forestal paralizó los trabajos, a comienzos de junio.
Para reiniciar la obra tanto el municipio como el Servicio Forestal requieren ahora la presentación de un informe de factibilidad ambiental "complementario", ya que el existente es muy general y no tiene referencias explícitas sobre la afectación de la flora, el suelo y las escurrentías de agua.
Según explicó Fritz, el estudio "debe prever todas las consecuencias del proyecto" y si bien es aceptado que "cualquier urbanización produce un impacto sobre el medio, la normativa obliga a minimizar el daño".
