Muchos observadores externos reconocen que la República Argentina tiene recursos humanos que se destacan en diversos ámbitos a nivel internacional, pero advierten -con razón- que no sucede lo mismo con su dirigencia política.
Este planteo se escucha frecuentemente al visitar otros países, donde cuesta comprender por qué la Argentina no logra evolucionar políticamente como lo hacen, por ejemplo, algunos vecinos como Chile, Uruguay, Perú y Brasil. Y la respuesta es tan simple como complejo el desafío de modernizar la política.
Es que para que surjan políticos talentosos deben existir partidos donde participen y se formen quienes ocuparán los cargos en la función pública, junto a una legislación que garantice la competencia al interior de los mismos.
La existencia de partidos políticos modernos, con alta calidad institucional interna y la participación abierta de la ciudadanía en el proceso de selección de candidatos, contribuye a la consolidación de una democracia vigorosa. Así, una democracia competitiva ayudará a mejorar el nivel de los políticos y, en consecuencia, de las políticas públicas. Al respecto, expertos en ciencia política comparada destacan que en los países considerados desarrollados existen un sistema de partidos estable y una democracia competitiva, en la cual hay por lo menos dos partidos con posibilidades de ganar las elecciones.
Por eso, resulta saludable que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reconozca la necesidad de reforma política y que mediante el diálogo y el consenso logre concretarla. Y, más allá de los cuestionamientos de la oposición, respecto de que existen otras prioridades, lo importante es que a partir del 2011 los argentinos puedan tener mejores políticos y para ello es necesaria una mayor competencia.
En tal sentido, sin duda que ayudará el establecimiento del doble turno electoral con primarias abiertas y simultáneas, en el cual la ciudadanía y no las oligárquicas "mesas chicas" decidan quiénes serán los candidatos de los distintos partidos, como sucedió invariablemente en todos durante las últimas elecciones.
Sin embargo, el gobierno y la oposición no tienen que inventar la pólvora, redactando un proyecto de ley original. Lo más recomendable sería restablecer la vigencia de la ley 25611 del 19 de junio de 2002, que consagraba el sistema de internas abiertas, simultáneas y optativas donde cada partido incluso podía utilizar el sistema electoral de su preferencia. Dicha ley fue suspendida para las elecciones del 2003 y el 2005 y finalmente derogada a fines del 2006. El único cuestionamiento a la iniciativa oficial de aplicar a nivel nacional el modelo santafesino de internas abiertas, simultáneas y obligatorias puede hacerse precisamente sobre este último aspecto.
Es que la obligatoriedad implicaría que la ciudadanía se convirtiera en un mercado semi-cautivo para legitimar a candidatos de los partidos y que los mismos no tuvieran incentivos para que los votantes concurrieran por interés propio a la interna. En cambio, el carácter optativo de la interna abierta y simultánea motiva a llevar candidatos atractivos para que de esa manera la ciudadanía se interese en participar.
La gran legitimidad de los candidatos que surjan de una interna abierta y simultánea consistiría, como bien afirma la presidenta, en que ya no se va a "dejar en manos únicamente de los partidos la designación de sus candidatos". Pero además, "no es suficiente garantía de estabilidad democrática y de fortaleza institucional de los partidos políticos", si dicha participación en una interna abierta no es voluntaria. Como sucede en Uruguay, el carácter voluntario de la interna abierta y simultánea reflejará también el nivel de votación que tuvo cada partido y cómo cada uno de ellos logró convertirla en más animada, convocante y participativa.
Sería un gran homenaje al centenario de la sanción de la Ley Sáenz Peña.
GABRIEL C. SALVIA (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
