En los días en que Francia caía en manos de Hitler, en la Argentina el senador Sánchez Sorondo se lamentaba de que sus colegas conservadores discutieran la posibilidad de intervenir en dos provincias para restaurar allí el sufragio; "Somos el único país de la tierra que hoy se ocupa del voto", exclamó el 4 de junio de 1940. Este sinceramiento del legislador no hacía más que mostrar la aceptación por parte de todas las corrientes -incluida la radical- de un orden político emanado del golpe de Estado de 1930 y que para sobrevivir consentía la violación sistemática de los principios invocados como fuente de su legitimidad. Se entiende así que los integrantes de la clase política argentina estuvieran poco dispuestos a participar en un debate que los obligara a dar las razones -no siempre ni necesariamente honorables- por las que habían aceptado ese papel en una democracia simulada.
En 1978 los directivos del Círculo de Ex Legisladores argentinos, encabezados por el ex diputado nacional de la UCR Vicente Mastolorenzo, se acercaron hasta la Casa de Gobierno para entregarle en mano al entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla la invitación oficial a presidir la cena anual del círculo. El hombre que había violado la Constitución, suspendido el Estado de derecho y cerrado el Parlamento era el invitado de honor de aquellos que habían ocupado una banca en su recinto. El 2 de agosto de ese mismo año un centenar de ex legisladores, entre los que se encontraban algunos ex ministros, recibió con un aplauso el ingreso del dictador a los salones de la confitería "El Molino". El episodio no fue una anécdota más. En la mesa de honor, a la derecha de Videla se ubicó el mismo Mastolorenzo y a su izquierda, Mauricio Scatamacchia, quien había sido diputado por el justicialismo. Distribuidos en las mesas había representantes de todos los partidos políticos.
La referencia a estos dos episodios de la historia política argentina viene a cuento del impacto que ha tenido en el universo de la opinión mediática y/o política el golpe de Estado perpetrado en Honduras el 28 de junio pasado. Reflexiones y opiniones de variado tono, pero mayoritariamente dentro de una misma gama, si no han justificado explícitamente el derrocamiento del presidente Zelaya tampoco lo han condenado de manera irrevocable. Un "...está mal, pero..." parece haber sido el registro más utilizado bajo argumentos periféricos como la presencia activa de Hugo Chávez o la amistad con Daniel Ortega de Nicaragua.
El golpe en Honduras fue eso: un golpe. No una transición presidencial. Que un presidente deje su mandato anticipadamente dentro de los términos previstos por la Constitución no es comparable con que un presidente sea secuestrado de su casa, expulsado de su país y reemplazado por una conspiración de los poderes restantes. Antes de ser militar, el golpe hondureño fue técnico, jurídico y político. El golpe había comenzado días antes con un Congreso y una Corte Suprema que se dieron el lujo de decidir por su cuenta que las Fuerzas Armadas de Honduras no estaban ya subordinadas a su comandante en jefe, el presidente Zelaya. La historia de un golpe anunciado se volvió a repetir: mientras los golpistas militares reprimían, los golpistas civiles sacaban de no se sabe dónde una carta de renuncia del presidente, negada por el mismo Zelaya desde Costa Rica. Dicha carta falsificada fue más que suficiente para que el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, fuera designado presidente de facto por el poder legislativo. Si algo le faltaba a la fuerza de las armas era la legalidad fraudulenta de la norma.
En América Latina en general y en la Argentina en particular, la democracia no cabe duda de que ha sido una petición postergada. Un sociólogo brasileño, Francisco Weffort, escribió que si Marx hubiera sido latinoamericano habría dicho que en América Latina la dictadura es la forma por excelencia de la dominación burguesa y la democracia, la forma por excelencia de la rebeldía popular. Y en parte es así, porque al fundarse el principio de una igualdad de derecho, la democracia da lugar a todas las luchas y conflictos por igualdad de hecho. En este sentido el conflicto social es siempre doblemente reivindicativo y democrático, ya que su demanda de mayor libertad y participación social en la distribución de la riqueza constituye el principal desafío de la democracia.
La versión jerárquica y no republicana del orden social que poseen las clases propietarias latinoamericanas sigue siendo el obstáculo más importante en la trayectoria democrática que nos define como unidad de destino. A ello se debe sumar el hecho de que estas mismas clases nunca han visto en el Estado la representación formal del interés público -aunque usen sus instrumentos para hacer negocios- sino que han encontrado en él un adversario, cuando no enemigo fatal, a la sustanciación de sus intereses.
Desde este punto de vista no es sorprendente la actitud distante de la condena que ha mantenido una porción importante de la elite política local frente a los eventos centroamericanos. En gran medida, en la especulación sobre el futuro mediato de la Argentina, no les resulta tan disparatado pensar en algún tipo de solución semejante si se percibe que corren riesgo las bases de acumulación que hicieron posible la Nación de Propietarios.
El golpe del 28 de junio en Honduras no es lo último de lo "viejo", en el sentido del pasado dictatorial del continente. Es lo primero de lo "nuevo". Y es aquí donde radica la encrucijada de nuestro futuro próximo.
MARÍA BEATRIZ GENTILE (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Facultad de Humanidades-Gehiso. UNC
