ROCA (AR).- Finalmente hay acuerdo entre los trabajadores de Promoción Familiar y el Ministerio de Familia, luego de largo tiempo de conflicto.
Se firmó ayer a la mañana un acta acuerdo entre los trabajadores y las autoridades del Ministerio en cuestión. El acuerdo se concretó luego de la realización, a fines de la semana pasada, de un plenario donde los trabajadores aceptaron las propuestas del gobierno realizadas en las últimas negociaciones. En la mesa, estuvieron presentes representantes sindicales de ATE Alto Valle, la CTA Río Negro, del obispado y autoridades del Ministerio de Familia. La reunión duró más de dos horas.
El secretario General de ATE Alto Valle, Jorge Rivas, explicó que "cerramos el acta con cuestiones que eran relevantes para los trabajadores como el cumplimiento de no realizar despidos ni descuentos y el paso a contrato de ochenta trabajadores que de 600 pesos pasarán a cobrar 1.400, no sólo trabajadores de Roca sino a nivel provincial". Agregó además que en el acta se estableció una reunión para principio de agosto para tratar el tema del blanqueo de los trabajadores y para fines del mismo mes, se reunirán nuevamente tanto con la Función Pública como con el Ministerio de Hacienda y autoridades del Ministerio de Familia, "para tratar cuestiones más de fondo, es decir todo lo que tenga que ver con lo presupuestario", aclaró Rivas.
Asimismo, explicó que "tanto Epulef como Sánchez -dos funcionarios cuestionados por los trabajadores- continuarán trabajando en la sede de Epifanio 907, mientras dure la investigación administrativa, por lo que será por un buen tiempo ya que esto va a demorar bastante".
Luego de 63 días de permanencia pacífica, trabajadores de Promoción Familiar que se encontraban realizando una toma pacífica en el edificio de Rohde 350 de esta ciudad, aceptaron la propuesta realizada.
La salida presentada por el ministro de Familia, Alfredo Pega, el secretario de Trabajo, Ricardo Ledo y representantes de la Función Pública incluía el paso a contrato de ochenta trabajadores becados, la investigación administrativa de las actuaciones del director de la delegación Néstor Epulef y de la coordinadora técnica Patricia Sánchez y el no descuento de haberes y sanciones a los trabajadores que tomaron las medidas gremiales.
