Las rentas extraordinarias percibidas por el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner en el 2008, que ascendieron a 29 millones de pesos, han tenido una enorme repercusión en la prensa argentina y extranjera. Un incremento del 158% en un año de crisis era inevitable que subiera a los titulares de los periódicos. Sin embargo, ha pasado desapercibido el trasfondo fiscal que encierran esas cifras. Son la muestra más elocuente de una regresiva política impositiva que el matrimonio presidencial no ha dudado en preservar a lo largo de sus seis años de gobierno.

Como señala el experto fiscal Gómez Sabaini, Argentina es uno de los países del mundo donde más se gravan con IVA los alimentos y medicamentos. En un contexto en que el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, resulta contradictorio que la alícuota al consumo de productos tan sensibles triplique la que aplican países desarrollados con menos pobreza. En la Argentina casi todos los alimentos están gravados con una tasa del 21%. Esa alícuota supera ampliamente la aplicada en los países desarrollados, donde el IVA para alimentos y medicamentos suele no superar el 10%. Por ejemplo, en España y Canadá, los alimentos y medicamentos son considerados bienes sensibles y tienen una alícuota reducida que oscila entre el 0 y el 7%.

Ahora bien, obsérvese lo que acontece con las rentas extraordinarias obtenidas por el matrimonio Kirchner aplicando la legislación fiscal argentina. Los intereses devengados por los depósitos en plazos fijos de 32 millones de pesos, que han sido aproximadamente 5,5 millones de pesos, no tributan al fisco, porque la renta financiera está exenta según la ley de Impuesto a las Ganancias. Por otra parte, la renta extraordinaria devengada por el incremento en el valor del patrimonio inmobiliario vendido, que ha dado lugar a un ingreso de 13,8 millones de pesos, tampoco tributa en Ganancias y sólo se abonaría el 1,5% por el impuesto a las transacciones inmobiliarias.

Finalmente, los ingresos por alquileres, que ascendieron a 10,3 millones, serían los únicos susceptibles de ser alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Aquí la alícuota no puede ser superior al 35% de los ingresos una vez deducidos los gastos (a diferencia de las retenciones que se aplican sobre los ingresos brutos). Sin embargo, el mayor valor de las sociedades que alquilan los hoteles de lujo del matrimonio no está gravado. En la Argentina el incremento en el valor de las acciones de las compañías -coticen o no en bolsa- (plusvalías) está exento. Esto explica ciertas paradojas: la operación de venta de una empresa al extranjero traspasando acciones que valen cientos de millones de dólares no devenga ningún impuesto, pero el desocupado que compra un kilo de arroz le paga el 21% de IVA al Estado.

Una de las características que diferencian la estructura tributaria argentina de la de los países desarrollados es la alta participación de los impuestos a los consumos respecto de los impuestos sobre las ganancias o ingresos y la baja participación del impuesto a la renta de las personas físicas respecto del total de la recaudación de ese gravamen. El impuesto a la renta en la Argentina alcanza sólo al 5,3% del PBI. Pero como el 70% lo abonan las sociedades -que luego lo compensan vía precios- el peso real del impuesto a la renta de las personas físicas es del 1,6% del PBI, frente al 12% en Australia o el 9% en Estados Unidos.

Como señala el experto fiscal Jorge Gaggero, miembro del Plan Fénix, "el sistema tributario argentino se ha tornado muy injusto (regresivo) como consecuencia de las reformas normativas así como por el crecimiento de la elusión y de la evasión impositivas. Esta evolución -en rigor, una "involución" en muchos planos relevantes- resulta particularmente notable. La Argentina era, hacia la mitad del siglo pasado, un país que mostraba una estructura tributaria bastante madura y progresiva, más parecida a la de las naciones desarrolladas que a la de los países de su propio pelotón (los denominados "de desarrollo intermedio").

Afirma también Gaggero que en los últimos años no se ha encarado en la Argentina -ni durante el período de la convertibilidad ni con posterioridad a la caída de ese régimen- ninguna reforma de envergadura en la tributación sobre las ganancias ni se ha realizado ningún esfuerzo para reducir la tasa del IVA a los alimentos y medicamentos. Estuvo en el programa de Néstor Kirchner en el 2003 y se repitió en la última elección nacional, pero en la práctica nada se hizo, a pesar que se daban condiciones económicas favorables para aplicar las reformas.

Durante el prolongado conflicto del campo, uno de los argumentos obsesivamente utilizados por el gobierno y sus propagandistas para defender el incremento desproporcionado de las retenciones a las exportaciones se basaba en la defensa de una política de "redistribución de la renta". A la luz de lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la enorme distancia que media entre una retórica de izquierdas y una política impositiva más pragmática, de derechas.

El análisis de la política impositiva equivale al estudio del ADN de un gobierno y es el rasgo determinante que permite situarlo a la izquierda o a la derecha. Los intelectuales "progresistas", que se han dejado seducir por una retórica elevada a niveles de batalla bíblica -y que no cesaron en poner arrogantes etiquetas de "nueva derecha" a todo aquel que no comulgara con las ruedas de molino de un gobierno caracterizado por sus improvisaciones- deberían recuperar ahora un mínimo de cordura y rigor en sus análisis. Al final, como decía Perón copiando a Aristóteles, la realidad es la única verdad.

ALEARDO F. LARÍA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado y periodista