LIMA.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado ayer a siete años y seis meses de cárcel por haber indemnizado ilegalmente con 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, su brazo derecho durante su mandato, en la tercera condena que recibe en su país.
Fujimori, de 70 años y quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, dijo tras escuchar el fallo, que apelaba la sentencia mediante un "recurso de nulidad".
Fue lo único que dijo en toda la jornada. Antes de eso escuchó con paciencia la hora y media que duró la lectura de la sentencia, limitándose a tomar algunas notas.
El fiscal del proceso, Avelino Guillén, quien había solicitado que se lo condene a ocho años de cárcel, expresó su conformidad con el fallo.
La decisión del tribunal determinó que Fujimori es culpable de los delitos de peculado y falsedad ideológica y se le ordenó además pagar una reparación civil de tres millones de soles (un millón de dólares), que deberá abonar en conjunto con tres de sus ex ministros implicados en el caso.
La sentencia para este caso terminará de cumplirse el 11 de agosto de 2014. Esta es una fecha simbólica porque las penas en Perú no se acumulan sino que prima la mayor. Por eso, la condena que Fujimori deberá cumplir será la de 25 años de prisión, dictada en abril pasado por violación a los derechos humanos. Esta condena -actualmente en apelación- fue por su autoría intelectual de dos matanzas que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, a manos de un escuadrón clandestino del ejército durante la guerra antisubversiva, y por dos secuestros.
En diciembre del 2007, tras ser extraditado de Chile, Fujimori recibió una primera condena de seis años de cárcel, ya ratificada en última instancia, por haber ordenado el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos.
La entrega del dinero a Montesinos se hizo en setiembre de 2000, dos meses antes del colapso del régimen de Fujimori en medio de un escándalo de corrupción generado por el ex asesor, que obligó al ex mandatario a escapar a Japón, desde donde envió su renuncia vía fax.
La sentencia de ayer fue impuesta por un tribunal que presidió el juez César Ramiro San Martín, quien antes de que el fallo fuera leído señaló que el veredicto "no es una sentencia política". (AFP)
