BUENOS AIRES.- El gobierno salió ayer a rechazar las "ampulosas" críticas a las demoras del Poder Ejecutivo para nombrar o enjuiciar a miembros del Poder Judicial, afirmó que el oficialismo "nunca puede" designar o sacar magistrados a su antojo y sostuvo que los cuestionamientos son "injustificados, innecesarios y hasta amañados".

Sin embargo, desde el Consejo de la Magistratura los jueces volvieron ayer a reclamar una reforma del organismo que debería ponerse en funcionamiento con el nuevo Parlamento, porque actualmente, dijeron, el poder lo tiene "el sector político".

El representante de los jueces en el Consejo, Luis María Cabral, se mostró "sorprendido" -dijo- por las manifestaciones del nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, que advirtió que no habría reformas inminentes.

Insistió en que hay que "reformular" el organismo "porque la Constitución nacional ha buscado establecer equilibrios entre los sectores y ese equilibrio hoy no existe con el actual diseño legislativo, porque está desproporcionado a favor del sector político y dentro de éste, a favor del oficialismo".

"Entiendo que quiera defender el diseño que oportunamente propuso y logró sancionar el Ejecutivo, pero ahora es el momento de valorar cómo ha funcionado el Consejo y los reclamos que se le vienen haciendo. Me sorprende que el ministro dé como cerrado esto, porque esperaba que pudiéramos hablar para adecuarlo a un funcionamiento más eficaz y equilibrado", explicó Cabral.

Alak señaló en dos reportajes durante el fin de semana que "el proyecto del gobierno es mantener la ley" que conforma el órgano que designa y sanciona jueces, en el cual el Ejecutivo tiene el poder de veto. Es que hoy el Consejo tiene 13 miembros, de los cuales siete son políticos y cinco de ellos del oficialismo (cuatro nombrados por el Ejecutivo), más tres jueces, dos abogados y un representante del sector académico.

De inmediato, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, advirtió que el Consejo "necesita cirugía mayor, no cirugía estética", afirmó que el gobierno "tiene el poder absoluto de veto, o sea que si quiere proteger a un juez, lo hace", y señaló que "parece que el pueblo da su opinión (en las elecciones) y no lo escucha nadie".

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fustigó ayer las declaraciones "grandilocuentes y ampulosas" de Recondo, "que -afirmó- no dicen absolutamente nada", y negó los presuntos "bloqueos" del PEN a jueces no afines dentro del Consejo. (DyN)