ROCA (AR).- Los vecinos de J.J. Gómez ya no confían en nadie. Ni en las autoridades de la municipalidad ni en el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema) de la provincia.

Por eso, solicitaron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que designe un observador, para que efectúe tareas de relevamiento en la planta de yeso que actualmente opera la empresa Ferrosur en ese barrio.

"Desconfiamos de todos, de la Municipalidad y del Codema. El tema es que por ejemplo ayer (por el jueves) la planta operó en un ciento por ciento y cuando llevaron adelante el estudio de impacto ambiental apenas estaban en un 10 por ciento", dijo el abogado Oscar Pineda, quien es el representante legal de los vecinos.

Y adelantó que los habitantes del barrio también quieren tener participación en el control de las obras de mitigación que se deben llevar adelante en la planta.

Es por eso que solicitaron al STJ la designación de una persona que pueda seguir las medidas de control que lleva adelante la empresa.

Acción judicial

Hace unos meses, los vecinos presentaron un recurso de amparo, solicitando que se resguarden sus derechos a gozar de "un ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación". Luego de la acción, el STJ ordenó una reunión entre las partes (municipio, Codema y vecinos) donde se acordó una agenda de trabajo y plazos para concretar una serie de medidas.

En un segundo encuentro también se unificaron criterios para llevar adelante otra serie de estudios para medir la contaminación ambiental que se produce en la carga de yeso que es transportada desde la ex estación del ferrocarril de Gómez.

Finalmente el 1 de julio y en una nueva reunión, representantes de la empresa Ferrosur entregaron los informes y se verificó el inicio de la construcción de un tinglado de operaciones.

Mientras que el Codema y el municipio propusieron un sistema de monitoreo, "no se procura dar participación a los vecinos en las tareas de seguimiento", subraya el escrito.

"¿Qué seguridad se les puede brindar a los vecinos de Gómez cuando en el período de realización de los estudios de calidad de aire, la empresa no mantuvo las mismas condiciones de trabajo que efectúa habitualmente?", se preguntan.

Sostienen además que debe reconocerse "que se observa el incumplimiento de normas ambientales existentes y la incapacidad o el desinterés de las autoridades de aplicación por hacerlas cumplir".

Por lo tanto expresan que la falta de control del Estado genera en los amparistas una sensación de "gran desprotección".

De esta manera, solicitaron al STJ que designen un "interventor informante" quien sea el encargado de realizar el seguimiento de los controles en la planta de ese barrio.