Si el día a día que le toca atravesar a la ciudad tiene sus complejidades -dada la mengua pronunciada del turismo de invierno-, el futuro inmediato asoma más sombrío todavía.

El gobierno municipal comprobó de sobra que sus propias cuentas no cierran y que el repunte cíclico de la recaudación que suele deparar la temporada "alta" estará muy por debajo de lo esperado.

Pero existe además una preocupación seria por lo que le espera a la ciudad en los próximos meses, especialmente en relación con las consecuencias sociales de la crisis.

El intendente Marcelo Cascón mantuvo ya varios contactos con las cámaras empresarias en la búsqueda de intercambiar ideas para la atenuación del impacto. Asume sin embargo que los sectores más pobres, los desocupados y los trabajadores informales cargarán al fin de cuentas con las peores desventuras.

La controvertida teoría del derrame, que probó sus demoras e insuficiencias en tiempos de bonanza, funciona con drástica eficacia cuando de transferir escasez se trata.

Desde el Centro Cívico procuran evitar los mensajes desalentadores. El secretario de Gobierno y Economía, Federico Lutz, dijo en estos días que la municipalidad alcanzó el "superávit primario", gracias al ajuste en los gastos y el ordenamiento administrativo.

Pero en los hechos sigue concentrada en el pago de salarios y la prestación de los servicios básicos como misiones excluyentes. Superada ya la mitad del año, la inmensa mayoría de los programas incluidos en el presupuesto mantienen "ejecución cero", lo que habla de un municipio inerme y desvencijado.

Aun con herramientas tan precarias, Lutz acepta la necesidad de recobrar la iniciativa y asumir un rol más activo frente al infortunio. Descuenta que la caída de la actividad económica alcanzará con sus efectos a toda la sociedad, pero "va a recaer con mayor dureza sobre la población con NBI" (necesidades básicas insatisfechas).

Hasta ahora la municipalidad no tienen plan de contención alguno para esa franja. Un paliativo clásico como el Plan Calor cada vez llega a menos familias y demostró en estos días su cruda inutilidad.

Muchas de las quejas sobre ese déficit surgieron de los barrios Unión y Dos de Abril, que cuentan desde este año con gas natural. Que los vecinos dependan todavía de la leña y de las carísimas garrafas porque no pueden pagar su conexión a la red habla no tanto de la profundidad que alcanzó la pobreza estructural sino de la ausencia descorazonante del Estado municipal, que no da respuestas a una demanda tan básica.

Cascón anunció su decisión de promover un "acuerdo social" y dijo que el diálogo con las cámaras y con algunos gremios fue "el primer paso" en la concertación de "una estrategia público/privada". En esa línea se inscribe el pacto alcanzado hace pocos días por el sindicato gastronómico y la Asociación Hotelera para evitar despidos y suspensiones.

Claro que los trabajadores asalariados están lejos de ser el escalón más bajo de la pirámide y queda por ver qué soluciones imaginan el poder político y económico para los desheredados sin perspectiva alguna, que no tardan en padecer también los efectos de "las malas temporadas".

Mientras crece la presión para que el gobierno provincial y nacional declaren la "emergencia" de la economía turística regional y concedan beneficios fiscales, Lutz aclaró que el municipio no tiene previsto ceder en su presión tributaria "y ahí ya existe toda una definición".

Hoy el gobierno local recauda en promedio algo menos de un millón de pesos mensuales por Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (la que pagan los contribuyentes comerciales de acuerdo con su volumen de ventas) y Lutz admitió que es una cifra ínfima en relación con el producto bruto de la economía barilochense. Dijo incluso que las contraprestaciones que debe brindar el municipio "son exorbitantes en relación con los ingresos que percibe".

En ese contexto no deja de ser un contrasentido la moratoria promovida por Cascón y Lutz, que defraudó la confianza de los vecinos cumplidores a cambio de una recaudación extra que no superará los 4 millones de pesos, cuando cada mes el municipio debe girar en descubierto más de $ 6.000.000 sólo para sueldos.

También genera obvios enojos la inoperancia municipal para resolver temas de alta sensibilidad como la superpoblación de perros callejeros, el mal estado de las calles o el caos del tránsito, que son motivo de quejas repetidas en cada mesa de discusión y cada foro mediático que se preste.

Lutz se dice decidido a "dar la batalla económico tributaria" para dotar al municipio de mayores recursos. En ese terreno la gestión en ejercicio no debería postergar más la reforma pendiente para dotar de mayor progresividad a toda la estructura fiscal del municipio, fortalecer las políticas de planificación y fiscalización y abordar con otro énfasis la "promoción social" tan declamada.

La encrucijada que le toca al intendente no es otra que una opción entre honrar el mandato popular o sólo "durar" los dos años largos que le quedan de gobierno.