Tiene razón la diputada electa Elisa Carrió cuando señala que "el diálogo tiene que llevarse a cabo en el Congreso, que es el lugar al que deben ir los ministros de la Nación", pero parecería que se trata de una opinión que es decididamente minoritaria. Por humildad o porque quieren recordarnos que ellos sí están dispuestos a dialogar con cualquiera, a casi todos los políticos no oficialistas les encanta recibir una invitación a visitar la Casa Rosada, aunque sólo sea para charlar con el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Los dirigentes opositores no son los únicos que se han sentido privilegiados por la convocatoria generosa que hizo la presidenta Cristina de Kirchner. También están esperando con impaciencia su momento de protagonismo empresarios, sindicalistas, eclesiásticos y otros que se suponen capacitados para aportar algo a la creación de una nueva Argentina a cambio de ciertas concesiones, concretas o simbólicas, ya que lo que Cristina tiene en mente es un "diálogo amplio" en que participen centenares de personajes de la más variada procedencia. Si bien los líderes del Acuerdo Cívico y Social lograron ponerse a la cabeza de la cola, una proeza que no vacilaron en festejar, pronto vendrán otros, incluyendo los infaltables piqueteros o "luchadores sociales" que supuestamente representan a "los que hasta ahora no consiguieron trabajo".

Desde el punto de vista del gobierno, cuantos más asistan a las reuniones que se ha propuesto celebrar, mejor. Si tiene suerte, disfrutará de semanas de titulares favorables, ya que quienes participen de un encuentro con funcionarios en la Casa Rosada dirán que a su juicio fue sumamente positivo, lo que le permitiría al gobierno dejar atrás la sensación, que se difundió por el país hace tiempo, de que se había aislado de la sociedad debido a su escaso interés en hablar con los voceros opositores o con aquellos empresarios que no se veían beneficiados por el "capitalismo de amigos" típico del "modelo" kirchnerista.

De ser así, el espectáculo ayudaría al gobierno a amortiguar el impacto que le supusieron los resultados deprimentes de las elecciones legislativas al hacer pensar que en verdad Francisco de Narváez, Mauricio Macri, Julio Cobos y compañía no son tan representativos como quisieran creerse. Por lo demás, serviría para socavar lo que todavía queda de la autoridad del Congreso, la institución que, en teoría por lo menos, debería ser el escenario de los debates más trascendentes, pero que se vería suplementado, para no decir reemplazado, por una especie de gran asamblea nacional convocada por la presidenta y sus colaboradores. Es lo que teme Carrió, de ahí su intento poco exitoso de impedir que el centro de gravedad de la política nacional se aleje demasiado del Congreso.

En una democracia "normal", no llamaría la atención a nadie que el gobierno de turno "dialogara" con líderes políticos, hombres de negocios, sindicalistas, ambientalistas, clérigos y así por el estilo, por tratarse de algo que siempre se hace, pero aquí el anuncio en tal sentido que formuló Cristina fue celebrado como si se tratara de un cambio de rumbo histórico. Sucede que por ser la Argentina un país tan "presidencialista", es decir caudillista, al grueso de la ciudadanía le parece perfectamente natural que el Poder Legislativo se subordine a la tutela del Ejecutivo mientras éste goce de la aprobación de la mayoría. También está habituado a que, cuando el gobierno comienza a mostrar síntomas de debilidad, los legisladores reaccionen procurando hacer valer sus prerrogativas. Tales esfuerzos producen más malestar que esperanza porque los diputados, desprestigiados por años de docilidad frente a un Poder Ejecutivo avasallador y por las reyertas internas que mantienen divididos todos los bloques, no cuentan con la autoridad moral que necesitarían para desempeñar el papel protagónico al que aspiran.

En todas las democracias, el presidente o primer ministro trata de aumentar su propio poder en desmedro de aquel de los parlamentarios que, bien que mal, son los representantes legítimos del pueblo que los elige. Los voceros del Poder Ejecutivo afirman, por lo común en privado, que en el agitado mundo actual hay que tomar decisiones con rapidez y que por lo tanto sería peligroso esperar a que los legisladores terminaran sus debates engorrosos. Con todo, en pocos países democráticos se ha ido tan lejos en tal sentido como en la Argentina, donde el Congreso se ha habituado a permitir que el Ejecutivo viole las reglas constitucionales, colmándolo de "superpoderes" y pasando por alto sus aberraciones, actitud que acaso podría justificarse en medio de una emergencia terrible pero que en circunstancias menos críticas son una manifestación de irresponsabilidad que, andando el tiempo, tendría consecuencias muy negativas para el país y, desde luego, para el Ejecutivo mismo.

Gracias en buena medida a la indiferencia de un Congreso dominado por sus partidarios, los santacruceños olvidaron en seguida las reformas institucionales de las que hablaron antes de ponerse a gobernar, reformas que, si bien los hubieran obligado a perder tiempo valioso tratando de convencer a los adversarios más influyentes de la bondad de muchas iniciativas, le hubiera ahorrado a la Argentina el embrollo provocado por el "doble comando" consentido por la mayoría de los legisladores actuales que ha permitido a un ciudadano privado que no ocupa ningún cargo oficial gobernar el país de manera tan autocrática como antojadiza.

De funcionar adecuadamente las instituciones democráticas, los presidentes y sus colaboradores favoritos entenderían desde el vamos que no sería de su interés caer en la tentación de aprovechar las oportunidades para hacer crecer su propio patrimonio y los de sus amigos. Puesto que los poderosos se sienten impunes por creer contar con la protección de una guardia pretoriana judicial cuidadosamente seleccionada, se ha hecho rutinario que los ex presidentes, ex ministros y ex secretarios, además de una multitud de ex funcionarios menores y sus cómplices, corran el riesgo de terminar entre rejas por lo que hicieron cuando se imaginaban por encima de la ley. Por cierto, De Narváez dista de ser el único representante opositor que cree que es más que probable que a Néstor Kirchner le aguarden enfrentamientos con la Justicia que le serán aún más dolorosos que los experimentados por su compañero peronista Carlos Menem.

JAMES NEILSON