VIEDMA (AV).- Río Negro requirió un adelanto nacional para comenzar con el pago de los aguinaldos y necesitará de otro aporte para completar en agosto con esa obligación salarial. Unos 25 millones exigirán las liquidaciones del tercio del personal pendiente de cancelación.

El sector que no cobrará en julio comprende casi la totalidad de los judiciales, un alto porcentaje de docentes, y cargos superiores de la policía, profesionales de Salud y ley 1844.

Funcionarios del gobierno provincial recibieron ayer en Trabajo a representantes de los gremios estatales para garantizarles que se cumplirá con el saldo estatal en agosto.

A pesar de esas afirmaciones, no existen precisiones de tiempos, salvo que continuará con los tramos salariales. Se entiende que recién será posible a partir de la segunda quincena de agosto, es decir, después de priorizar el pago de los haberes de julio.

La cancelación parcial de los aguinaldos en julio se afrontó con el envío de una cuota del Programa de Asistencia Financiera (PAF) por algo más de 23 millones. El cronograma anunciado prevé tres tandas de cancelación a partir del sábado. Primero se pagarán los SAC hasta los 850 pesos, el sábado 25 se extenderán a los 1.150 pesos y el viernes 31 se llegará a los 1.450 pesos.

Ayer, los gremios de la CTA fueron a Casa de Gobierno y solicitaron una audiencia al gobernador Miguel Saiz. El secretario General, Francisco González propuso una reunión en Trabajo, a la cual concurrió con el ministro de Familia, Alfredo Pega y el titular de la Función Pública, Carlos Oliva. También participó el secretario de Trabajo, Ricardo Ledo.

La delegación gremial la encabezó el titular de la CTA, Luis Giannini, acompañado por los secretarios generales de Unter, Marcelo Nervi y de Sitrajur, Nelson Belich. También participaron representantes de los agentes de Familia frente a la continuidad del conflicto en la delegación roquense.

Un tema fue el pago de los aguinaldos demorados, pero también se reiteró un pedido de solución al conflicto laboral que persiste con la delegación de Familia en Roca. Las partes se mantuvieron intransigentes en la discusión por la situación laboral de los contratados. La permanencia en Promoción Familiar -afirman los delegados de Familia- ya lleva "más de 57 días" y se sigue sin "respuestas a los reclamos. Los trabajadores reiteraron que quieren trabajar dignamente, que se nos reconozca y respete nuestros derechos, como nosotros, cumplimos con nuestras obligaciones".

La continuidad en agosto del pago del aguinaldo dependerá de la disponibilidad de fondos. En ese sentido, la principal atención se concentra en la posibilidad de disponer de otra transferencia de Nación, especialmente otro adelanto del PAF por 23 millones.

Antes, la provincia deberá atesorar unos 150 millones para abonar haberes de julio.