MADRID (Télam).- La controvertida reforma de la ley del aborto promovida por el gobierno español recibió ayer el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que declaró constitucional que las menores de entre 16 y 18 años puedan interrumpir el embarazo sin permiso de sus padres.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Estudios del CGPJ dio su visto bueno a la "Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, indicaron fuentes del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de los proyectos legislativos.

Las jóvenes de entre 16 y 18 años son suficientemente "maduras" para gozar de plena autonomía para decidir la interrupción voluntaria del embarazo, dice el informe del CGPJ, publicado por la prensa local.

No obstante, el organismo recomienda reconocer el derecho de los padres a ser informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, a pesar de que no sea necesario su consentimiento.

En el caso de que el progenitor o representante legal de la menor se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ propone que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el aborto.

De esta forma, "se contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de los padres", asegura el texto redactado por la vocal Margarita Uría, que puede ser modificado por el pleno del CGPJ el próximo 23 de julio.

Entrega de informes

También se recomienda que los médicos entreguen a la mujer que desee abortar un "informe detallado" sobre los riesgos, complicaciones y demás circunstancias del caso.

La principal novedad del proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo socialista el pasado 14 de mayo es que establece el aborto libre hasta la semana 12 y hasta la 22 en caso de riesgo de vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto.

Pasado este plazo sólo se autoriza el aborto en caso de "problemas en el feto que sean compatibles con la vida". El proyecto cuenta con el rechazo frontal de la cúpula de la iglesia católica, que lo considera "envenenado de inmoralidad e injusticia", y del conservador Partido Popular (PP).

No obstante, el Ejecutivo español estima que contará con los apoyos necesarios para sacar adelante la ley en el Congreso de Diputados y el Senado entre finales del año 2009 o principios de 2010.