NEUQUÉN (AN).- El juez Juan José Gago cree que hay pruebas suficientes para someter a juicio oral al intendente Sergio Gallia (PJ), por presuntas irregularidades cometidas durante su anterior gestión al frente del municipio de Plottier. Pero dos fiscales, Pablo Vignaroli y Rómulo Patti, afirman que es inocente y tratan de impedir el juicio.

El singular enfrentamiento procesal entre el juez y los fiscales se produjo en los últimos días. Gago intentó que el caso llegara a conocimiento del fiscal del Tribunal Superior y jefe de todos los fiscales, Alberto Tribug, pero Patti lo trabó con un recurso.

La causa reposa ahora a la espera de una definición en la Cámara Provincial de Apelaciones.

El dictamen de Gago, al que accedió "Río Negro", contiene definiciones muy duras. Por ejemplo señala que "existe instalada una cultura por parte de casi toda la corporación política del país" según la cual "se sienten habilitados para realizar todo lo que les parece ajustado a sus intereses" cuando acceden a un cargo a través de los votos.

Añade que "cuando (los políticos) son sometidos a una investigación criminal, se genera un clima hostil dentro del proceso, plagado de presiones directas o indirectas de distinta índole, que conspiran con el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional".

Luego el magistrado reseña el resultado de la causa, que comenzó en el 2004 por una denuncia de Pilar Gómez (del MPN, quien sucedió a Gallia) y ya acumuló 2.200 fojas.

"Se tiene por probado -afirma- que a través de una doble contabilidad se pagaron servicios profesionales no para el municipio, sino con destino a la campaña política en la cual el imputado era candidato".

Se refiere al comicio para gobernador del 2003, al cual Gallia finalmente no se presentó.

A pesar de que habría pruebas para someter a Gallia a juicio, el fiscal Vignaroli dictaminó que corresponde absolverlo.

Por eso Gago escribió en su resolución: "estimo que Gallia tiene una responsabilidad global y objetiva de toda la actividad criminal que se ha ventilado en este legajo, no sólo como autor intelectual de todas estas maniobras sino también en función de lo que establece la ley de administración financiera y control, por lo que no lo hace merecedor de exculpación en las condiciones que expone el fiscal Vignaroli en su dictamen".

El Código Procesal faculta al juez, cuando está en desacuerdo con el fiscal, a elevar el expediente en consulta a un fiscal de Cámara. Gago lo hizo y el caso recayó en Rómulo Patti, quien "ratificó el dictamen de Vignaroli en solo seis días" y "encima de ello a mano alzada, sobre la base de una investigación de 11 cuerpos, con gran cantidad de documental".

El argumento de Patti fue que Vignaroli, si bien actuó como fiscal de Instrucción, tiene jerarquía de fiscal de Cámara por lo cual "estaría libre de todo control".

Gago consideró "nulo de nulidad absoluta" el manuscrito de Patti y elaboró un informe para enviarlo al fiscal del TSJ, con la intención de que alguien de más jerarquía conozca el caso.

Pero Patti apeló y el expediente fue a la Cámara de Apelaciones donde aún está.