VIEDMA (AV).- Otra denuncia por irregularidades presuntamente cometidas en el Ministerio de la Familia llegó a la Justicia rionegrina.
Se trata de la referida a las becas de capacitación, que originalmente fue presentada ante la Fiscalía Federal de esta capital. Su titular, Inés Imperiale, dictaminó la incompetencia y la jueza de ese fuero, Mirta Filipuzzi, sentenció en consecuencia, para remitir luego el expediente a los tribunales provinciales. Si en este ámbito también se excusan, deberá ser la Corte Suprema de la Nación quien defina el diferendo.
La jueza Filipuzzi acompañó el criterio de incompetencia promovido por la fiscal, aduciendo que "el objeto de la investigación se centraría en la correcta -o no- administración y atribución de los planes Becas de Capacitación y Comer en Familia sostenidos en parte o complementariamente en fondos asignados por la Nación a la Provincia".
Coincidió en que "esos cuestionamientos exceden el marco excepcional de intervención del fuero federal, puesto que ni el origen total o parcial de esos subsidios ni cuestionamientos sobre las consecuentes asignaciones -regulares o no de los mismos- logran provocar que sea la Justicia Federal la que debe abocarse a la investigación".
Filipuzzi obvió "toda consideración sobre el encuadre típico de los hechos enunciados ni sobre las conclusiones de las pruebas realizadas o pendientes".
Los argumentos
En cambio, la fiscal Imperiale, tanto en su dictamen -citado por la jueza- como en un diálogo con este medio, entró en consideraciones referidas a la denuncia y en el análisis preliminar de los datos, al que se abocó para justificar la decisión de no allanar el Ministerio y un domicilio particular como se le pedía.
"No surgen de la causa elementos objetivos que avalen adecuadamente los allanamientos sugeridos por los denunciantes", dijo Imperiale.
"Emergió la absoluta coincidencia entre los listados de beneficiarios de becas de capacitación acompañados por los denunciantes y los que obran en el expediente administrativo en original, quedando enervado cualquier razonamiento o sospecha sobre la alegada documentación interna oculta y secreta", sostuvo en su dictamen la fiscal. Agregó que los listados cuestionados "pertenecen a programas diferentes, sin que se advierta ninguna doble liquidación".
A este medio le aseguró: "no hay ninguna irregularidad en las listas" e informó que fueron cotejadas "nombre por nombre" las aportadas por los denunciantes y las que entregó voluntariamente el Ministerio de la Familia. Dijo que existen decretos que avalan la entrega de becas a empleados públicos.
