Cuando días atrás Barack Obama alentaba a los africanos a mirar hacia adelante durante una visita a Ghana, muchos de sus compatriotas no podían evitar el gesto contrario y volver su mirada hacia atrás. Y es que la larga sombra del gobierno de George W. Bush vuelve a alcanzar al nuevo gobierno en Washington.
Al escándalo por el programa antiterrorista que Dick Cheney, vicepresidente y "hombre fuerte" de Bush, ordenó ocultar a la CIA se sumó la noticia de que el fiscal general Eric Holder podría investigar a miembros de la agencia de inteligencia por las acusaciones de tortura durante interrogatorios. Obama no ocultó nunca que prefería dejar en paz el pasado y evitar agitar viejos fantasmas. Pero la pesada herencia de la política antiterrorista de Bush no es fácil de dejar atrás.
En el centro de la polémica vuelve a situarse Cheney, uno de los principales arquitectos de la "guerra contra el terror" llevada adelante por Bush. "¿Violó Cheney la ley?", se preguntó ayer la cadena CNN. Para los demócratas no hay dudas: fue una orden del entonces vicepresidente lo que evitó que el Congreso conociera un programa secreto de la CIA. "Y la ley es muy clara en este punto", opinó la presidenta de la comisión de servicios secretos en el Senado, la demócrata Dianne Feinstein. Un informe del gobierno reveló el viernes que Cheney compartió sólo con un estrecho círculo los detalles de un programa de interrogatorios sin orden judicial.
La noticia dio impulso a las reivindicaciones de grupos humanitarios que desde hace meses piden que el gobierno de Obama investigue a fondo los maltratos de prisioneros y otras presuntas violaciones de los derechos humanos durante la gestión Bush. También se supo que el titular de Justicia Holder está considerando ordenar que se investiguen las acusaciones de tortura contra la CIA aun cuando esta medida pueda generar un conflicto con el propio Obama. Obama sabe que no puede mirar hacia otro lado. El presidente anunció por el momento su intención de averiguar por qué no se investigó de forma adecuada la presunta ejecución de varios talibanes en Afganistán por parte de un conocido señor de la guerra que apoyó la invasión estadounidense. La milicia de Abdul Rashid Dostum está acusada de haber encerrado durante días, sin agua ni comida, a un millar de presos talibanes y de haber matado a quienes sobrevivieron al maltrato. Las acusaciones apuntan a que la gestión Bush impidió que se investigaran esas denuncias.
FRANK BRANDMAIER
DPA
