NEUQUÉN (AN).- Con un pedido de informes al secretario de Recursos Naturales Guillermo Coco y una carta al gobernador Jorge Sapag, los diputados de la Concertación buscan meter presión al gobierno provincial para que resuelva con armas propias el conflicto del sector petrolero.

Sostienen que en lugar de modificar los valores en boca de pozo, como pretende el gobierno, lo que hay que hacer es obligar a las empresas a las que se les extendieron las concesiones en forma anticipada el año pasado a que realicen las inversiones comprometidas. Con eso, aseguran, bastaría para reactivar todo el sistema que conforman operadoras, empleados y empresas de servicios.

El pedido de informes a Coco se basa en la ley 2615, que es la que habilitó las prórrogas de los contratos. "El último artículo obligaba a enviar informes cuatrimestrales sobre la ejecución de los contratos, pero todavía no recibimos nada", explicó desde la bancada del PJ el diputado Ariel Kogan. Entre los puntos que se pidió informar, se reclamó que se remitan los programas de inversiones de las empresas, que por contrato debían presentar ante la secretaría que dirige Coco.

"Causal de rescisión"

"La autoridad de aplicación los aprueba o no, y si no los presentan las empresas es causal de rescisión", detalló el diputado.

En tanto, la carta enviada a Sapag, que al cierre de esta edición estaba en Buenos Aires en búsqueda de recursos para pagar los aguinaldos, la principal bancada opositora en la Legislatura le pidió posicionamientos desde lo político. "Le pedimos que haga cumplir las obligaciones a las empresas. Que no sea su instrumento cuando extorsionan al gobierno nacional para mejorar el precio utilizando la desesperación de los trabajadores", detalló Kogan, que consideró que "la paralización de la inversión es absolutamente injustificada".

"Desde que se firmaron los contratos, la situación para las empresas en el país mejoró: subió el dólar, los combustibles también, el precio interno se mantuvo e incluso mejoró la relación, porque el año pasado el barril llegó a costar 140 dólares. Entonces, no hay fundamentos locales para justificar la parálisis y el no cumplimiento de los contratos", apuntó.