NEUQUÉN (AN)- Cambios en la integración; en la duración del mandato de los miembros; en el proceso de selección; en la discrecionalidad para otorgar puntaje y hasta en la remuneración, son los que proponen los siete proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura. Cuando culmine el receso de este mes, la Legislatura comenzará a analizarlos y debatirlos con el objetivo de consensuar un nuevo modelo para el organismo encargado de elegir a los magistrados y funcionarios judiciales de la provincia.

El Consejo de la Magistratura nació con la reforma constitucional de 2006 producto de un acuerdo entre los convencionales del MPN y los quiroguistas Hugo Prieto (mentor del proyecto) y Néstor Burgos. Desde que entró en funciones la polémica rodeó a muchos de los 22 concursos a los que convocó hasta ahora. Su costo (para este año pidió 8.700.000 pesos de presupuesto) es otro flanco que se le cuestiona.

Los proyectos para cambiarlo son de dos tipos: de enmienda constitucional, para darle más profundidad a la transformación, y de reforma a la ley reglamentaria. En el primer grupo se ubican las iniciativas de Alternativa Neuquina, la Asociación de Magistrados y Convocatoria Neuquina. En el segundo, los proyectos de la Concertación; el interbloque de aliados del oficialismo y el MPN, con la singularidad de que presentó dos textos distintos (uno de los llamados diputados petroleros y otro firmado por el líder de la bancada, José Russo).

Se rumorea que el Consejo tiene su propio borrador, y que podría presentarlo a la Legislatura en cualquier momento.

En cuanto a los cambios que se propician, el MPN y Convocatoria son los únicos que están a favor de que los consejeros sean ad honórem y sólo cobren viáticos.

Respecto de la integración hay amplias diferencias. Alternativa propone 14 miembros: 3 magistrados, 1 por el TSJ, 4 abogados, 1 empleado del Poder Judicial y 5 ciudadanos. La Asociación de Magistrados va por 9 miembros: 3 magistrados (uno de ellos del TSJ), 3 abogados y 3 legisladores. Convocatoria, a su turno, quiere 7 integrantes: 1 por el TSJ, 1 magistrado, 1 abogado, 1 empleado del Poder Judicial y 3 ciudadanos.

La Concertación, el interbloque y los petroleros proponen que quede tal como está: 1 representante del TSJ, 4 por la Legislatura que no sean diputados y 2 abogados.