Dicen que la desconfianza es hija del precedente. La frase le queda bien a la disputa por la reforma de la ordenanza que regula los usos de la tierra en la Vega Plana sanmartinense, una bucólica extensión que contiene tantos humedales como intereses inmobiliarios.

No es objeto de esta columna meterse en honduras técnicas. La norma tiene una misión de por sí difícil: conciliar la preservación de un lugar que es regulador hídrico natural del valle del Lácar, con el legítimo derecho de los inversores a desarrollar sus lotes y el de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.

Tampoco estas líneas estarán exentas de injusticias, al suponer intenciones que no han sido declaradas. Las disculpas del caso. Pero es que de las posturas de los polemistas surge una íntima convicción: la discusión sobre la Vega excede el marco de las diferencias técnicas y políticas, para rozar el prejuicio. Está impregnada de desconfianza; una raya imaginaria trazada entre los políticos y quienes no lo son.

En su defensa de la reforma, algunos concejales y funcionarios han destacado el intenso trabajo previo de consultas técnicas; los estudios encomendados sobre la fragilidad de La Vega para soportar urbanizaciones crecientes; las charlas con los profesionales, las cámaras empresarias y otras instituciones.

Esa enjundia consultiva tiene, sin embargo, un componente corporativo. Y es que, como suele ocurrir, hay una cierta inclinación a escuchar más a los "referentes" de tal o cual cosa, que al simple, liso y llano vecino.

Desde luego, está muy bien que las decisiones políticas de fondo, que afectan a la ciudad y a su gente, se basen en sustancia técnica y desapasionada. Pero se necesita algo más.

Acaso muchos políticos locales, imbuidos del republicano principio que dice que el pueblo no delibera ni gobierna si no es a través de sus representantes, le temen al asambleísmo. Es que, más de una vez, los han tratado muy mal y a voz en cuello.

Pero no debe confundirse asamblea con asambleísmo. Este último es una degeneración: la mera discusión sin interés por el consenso y la acción.

Quizá, la negativa de los políticos a debatir la reforma (ya aprobada) en una audiencia pública con los vecinos, tenga ese telón de fondo: huir de un presupuesto de maltrato y vana batalla discursiva.

Del otro lado no van mejor las cosas. Hay vecinos que, con la nueva norma, temen que en la Vega se termine por instalar Disneylandia. Una vecina, defensora de una Vega prístina, se lo explicaba así a este cronista: siempre acomodan las ordenanzas, según convenga. Se hacen normas que parecen estrictas en los papeles, pero resulta que después todas son excepciones, se quejaba.

Debe decirse que hay antecedentes dudosos. Por citar uno, está fresco el recuerdo de un supermercado instalado en el centro de la ciudad, que dividió aguas por pasarse largamente de la superficie permitida.

Pero en el fondo, el razonamiento de la vecina lleva de suyo que los políticos nunca hacen nada bien, que son siempre permeables al amiguismo cuando no a la corrupción. Quizá por eso muchos exigen la audiencia pública. Más allá del derecho que les asiste, recelan de una votación que aprobó la ordenanza por nueve a uno en el Concejo. Ya ni las claras mayorías tranquilizan.

Tal vez, con algo más de confianza mutua habría algo más de entendimiento.

FERNANDO BRAVO

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