SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi y su secretario, Bernardo Campana, supervisaron ayer por la mañana la apertura de los sobres con el material secuestrado en el marco de la causa por presunta distribución y comercialización de pornografía infantil. Lo hicieron ante la atenta mirada del abogado designado por el matrimonio de supuestos implicados, el ex defensor oficial Omar Costa, dado que Alicia Domínguez y Ricardo Runge no se presentaron.

A partir de mañana el magistrado habilitará una oficina en el edificio de Tribunales para que los especialistas de la Policía provincial puedan comenzar a analizar y codificar el material, pero recién se conocerán los primeros resultados de esos estudios al concluir la feria judicial.

La diligencia de apertura del material secuestrado y el análisis preliminar se realizó ayer a las 10 y por espacio de una hora en el gabinete de Comunicaciones y Telemática, en el primer piso de la cárcel de Bariloche. Una importante cantidad de cintas de videos y DVD, dos computadoras con CPU, una portátil, pen drives y dos cámaras fotográficas, entre otros elementos, son los soportes de donde los expertos tratarán de obtener elementos de prueba sobre la actividad de los usuarios o de alguno de los sospechosos en particular, dado que figuran mencionados en la causa -sin que ello signifique por ahora imputación alguna- el matrimonio Runge y un hijo de la pareja que padece una discapacidad mental.

La pena prevista para quien produzca o publique imágenes pornográficas de niños es de seis meses a cuatro años de prisión, y se presume que sería de cumplimiento condicional para alguien que carezca de antecedentes, pese a que la utilización de niños y niñas en la producción de pornografía ya es considerada explotación sexual y podría llegar a encuadrarse como corrupción de menores.

Los especialistas aseguran que existe un vínculo entre la pornografía infantil -con niños reales o virtuales- y el abuso sexual infantil en el mundo real, porque la utilización más obvia es asistir al adulto en la gratificación sexual a través de los menores.

La laguna en la legislación, o al menos la diferencia comparativa de penas con otros delitos de menor impacto social, puede deberse a que internet traspasa todas las fronteras y leyes y llega hasta cada domicilio privado, haciendo que la detección del delito y sus reales alcances sea cada vez más difícil.