SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El secretario general de Unter Bariloche, Jorge Molina, negó haber cometido delito alguno, al prestar ayer declaración indagatoria en el juzgado federal, que lo citó por un corte de ruta.
"Sólo dije que estábamos ejerciendo el legítimo derecho a peticionar y de reclamar frente a un gobierno provincial que hace más de 20 años que viene aplicando una política regresiva de distribución de los recursos y que ha destruido la educación pública", aseguró Molina.
Acompañado de unos 50 militantes que montaron una ruidosa movilización en la puerta del tribunal, el dirigente gremial se presentó ante el juez Leónidas Moldes, que abrió una causa de oficio por un corte de ruta que los docentes realizaron en abril pasado en la ruta 40, sobre el puente del río Limay.
Molina declaró en compañía del abogado Rubén Marigo y antes de ingresar al juzgado dejó en claro que ejercería una defensa política, enmarcada en el continuo repudio de la Unter y la CTA a los intentos de "judicializar la protesta social".
El sindicalista local vinculó la citación de Moldes con el reciente triunfo electoral "de quienes plantean un regreso a la política de los 90".
Insistió en que la decisión de llevar los reclamos a la ruta, en los días del paro docente, "no fue ningún delito" y consideró que su enjuiciamiento es parte de "una persecución" a quienes plantean luchas laborales.
Se preguntó también por qué la Justicia "miró para otro lado" cuando el año pasado las patronales del campo "cortaron rutas durante largo tiempo y desabastecieron al país", en su protesta contra las retenciones a la soja.
También le explicó al juez que la manifestación en el puente Limay fue una decisión tomada "por todos los compañeros en asamblea, que es un ejemplo de democracia participativa" y contó en su momento "con el apoyo de distintos sectores sociales y de muchos padres y alumnos".
Fotos de Gendarmería
Moldes lo recibió con una nutrida carpeta de fotos incorporadas al expediente, que fueron tomadas durante el corte "por personal de Gendarmería", según especificó. El imputado dijo que no vieron uniformados aquel día "por lo cual es evidente que actuaron de civil".
El abogado Marigo dio por hecho también que el fiscal Jorge Bagur Creta (que también estuvo presente en la audiencia) "tiene órdenes de la Procuración General de la Nación para avanzar en este tipo de causas".
Otros dirigentes sindicales que acompañaron a Molina no ahorraron críticas contra el juez. El secretario general de la CTA Río Negro, Luis Gianinni, denunció "el carácter político e ideológico" de la causa iniciada por Moldes y lo emparentó con "los mismos jueces que han perdonado a los genocidas o que les conceden la prisión domiciliaria".
Marcelo Mango, de la Junta Ejecutiva de CTERA, también estuvo presente en la puerta del juzgado y considero que con los juicios por los cortes de ruta "están buscando disciplinar a todos los trabajadores para que no reclamen".
Dijo que "esta batalla por la dignidad y por la educación es también una batalla cultural" y se quejó de que "los sectores que concentran de la riqueza pueden cortar rutas y desabastecer sin ninguna sanción".
Los cortes de ruta por parte de los docentes no se dieron sólo en Bariloche, sino que tuvieron su punto más fuerte en Chichinales, donde se concentró la cúpula del gremio.
En tanto, el Consejo Directivo de Un.TER se solidarizó "con el compañero Jorge Molina, quien ha sido citado por el juez federal de San Carlos de Bariloche, Leonidas Moldes, a declaración indagatoria por el supuesto "delito" de atentar contra la seguridad pública. La imputación, del supuesto "delito" al Secretario General de la Un.TER Bariloche se suma a una serie de causas emprendidas por la Justicia Federal en toda la provincia".
