SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La nutrida Asamblea de vecinos de Dina Huapi, reunida en la desembocadura del Ñirihuau logró que Vialidad Nacional y el municipio se comprometan a suspender el dragado del río y evaluar el impacto ambiental de la remoción de áridos que completa la obra de reparación del puente.

El reclamo fue reforzado ayer la Comunidad del Limay y la agrupación vecinal mediante una carta documento enviada al presidente del Codema. Oscar Echeverría, pidiendo su urgente intervención para "suspender en forma inmediata el retiro de materiales, arena, ripio y especies arbóreas de la margen lindante del río con Dina Huapi" hasta que se complete el estudio de impacto ambiental.

En el escrito se advirtió que "el retiro ya iniciado de más de 20.000 metros cúbicos de material demuestra lo importante del proyecto y la omisión por parte del DPA de solicitar el estudio de impacto ambiental que ahora exigimos" y se requirió que el replanteo ambiental no afecte los trabajos de "reparación urgente de la base socavada del puente en la margen lindante con Bariloche".

Los términos de la carta documento, que pide también la "remediación" de las costas y el balneario arrasado por las máquinas de Codistel, fueron anticipados el lunes por la noche, durante el encuentro que mantuvieron más de 70 habitantes de la localidad con las autoridades municipales.

La controversia generada por la falta aprobación de las obras y de información sobre las mismas dejó expuestas las llamativas divergencias que comenzaron a surgir en el flamante gobierno municipal de la ciudad, integrado por dos partidos que respondían a un mismo proyecto político. La concejal del Partido para la Victoria Popular, Susana Dominique, le recriminó al mandatario la falta de diálogo y sostuvo que "hubiera sido mucho más fácil trabajar juntos".

Previamente el asesor del Ejecutivo, Alejandro Pshunder había cuestionado los reclamos de la Asamblea de vecinos exigiendo que las decisiones de gobierno se canalicen a través de las autoridades constituidas. Cobarrubias, en cambio, hizo propia la preocupación vecinal e informó que había mantenido una comunicación con Echeverría y que "el Codema está en condiciones de parar lo que haga falta".

Los trabajos de remoción de áridos y desmonte del cauce y sus márgenes iniciados a mediados de junio por la contratista Codistel, en el marco de la licitación lanzada por Vialidad Nacional a fines del año pasado carecen de toda aprobación ambiental e hidráulica de la provincia que nunca recibió los parámetros técnicos del proyecto.

De hecho la tala de los mimbres y la remoción de la vegetación arbustiva que poblaba las costas y parte del lecho del río mereció una multa de la dirección de Bosques, único organismo de la provincia que planteó una objeción a la obra.

Uno de los reclamos de los vecinos fue sobre el destino del material extraído del río, que la contratista está almacenando en sus instalaciones sin que esté claro si se trata de un beneficio adicional o integra parte del precio. De acuerdo a la información suministrada por Lence la limpieza del cauce prevé la remoción de 20.000 metros cúbicos de ripio y arena que, a valores del mercado, representan 3.000.000 de pesos.

Los vecinos advirtieron que ese material es "un bien público de altísimo valor" para la localidad que carece de canteras. La incorporación de estas condiciones en el contrato con Codistel, que abarca además la reparación de los puentes sobre el arroyo Rincón y el río Quemquemtreu, dependerá de la intervención que realicen los organismos provinciales y la postura final que adopten las autoridades municipales.