La pequeña República de Honduras vive un tiempo político crítico con la abrupta interrupción del mandato presidencial de Manuel Zelaya. Una formalidad institucional encubre la eficacia de un golpe militar. Es por ello que en estos días el nuevo presidente Roberto Micheletti y los actores comprometidos en la destitución del mandatario legítimo se han lanzado a una campaña pedagógica. Tal como lo destaca uno de los medios de prensa del nuevo oficialismo editado en Tegucigalpa, el Parlamento de su país "enseñará al mundo que se respetó la Constitución". Seguramente lo único que podrán mostrar a la comunidad internacional es el respeto por el orden sucesorio. Habiendo renunciado el vicepresidente hace ya medio año es el titular del Congreso el habilitado para ocupar la primera magistratura. Hasta hace una semana Micheletti era la cabeza del Parlamento y, por lo tanto, el reemplazante de Zelaya. A pesar del apego de esa fórmula sucesoria resulta muy difícil ocultar que la auténtica "razón destituyente" es el malestar de la elite hondureña por el giro "bolivariano" de Zelaya. Finalmente la desobediencia de los mandos militares fue el último paso para la acción golpista.
Estamos ante un caso novedoso del modo de reemplazo presidencial, lejos de las maneras en que se resolvieron las recurrentes renuncias anticipadas de muchos presidentes latinoamericanos. En conjunto la modalidad de reemplazo ha sido una de las innovaciones más interesantes que se ha dado la gobernabilidad democrática del continente durante el último cuarto de siglo. Curiosamente esta novedad de consecuencias muy especiales afectó menos a las repúblicas centroamericanas y del Caribe que a Sudamérica.
En efecto, sólo hay que observar la historia reciente de algunos de nuestros países. Sin duda Ecuador marcha a la cabeza, con mayor número de mandatos presidenciales interrumpidos. Hasta el arribo de Rafael Correa al palacio de Carondelet en enero del 2007, los ecuatorianos contaron con una nómina de diez presidentes en menos de diez años. Varios de ellos lo fueron por escasos meses. Algunos cumplieron sólo en firmar actas de traspaso de mando. Bolivia es el otro país donde la retirada anticipada de sus presidentes ocupó un lugar relevante antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Entre los años 2002 y 2005 tres fueron los mandatos interrumpidos. Brasil, Perú, Venezuela y Paraguay también contaron mandatarios que llegaron por elecciones y que en poco tiempo fueron despedidos de sus cargos. Argentina también se suma a la lista, con las renuncias presidenciales o salidas pactadas pero anticipadas de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Alberto Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde. Sólo Chile, Colombia y Uruguay quedan exceptuados de esas presidencias interrumpidas.
Hasta hace un cuarto de siglo la partida anticipada de un presidente se debía a la lógica de un planteo castrense iniciándose un prolongado y cruento tiempo de autoritarismo. Lo sucedido en Honduras ofrece un ejemplo por ahora aislado de retorno del mundo militar a la escena política. Aunque también nos habla de la fragilidad de las democracias centroamericanas. Asimismo, de fuerzas armadas que no han sido desarmadas tanto en términos de pertrechos bélicos como respecto de sus compromisos autoritarios con el pasado.
Hay que destacar que antes de lo sucedido en el pequeño país centroamericano cada desplazamiento presidencial halló una fórmula que lo alejara del retroceso autoritario; por ejemplo, a través de la sucesión a manos de un vicepresidente o del jefe de algunas de las cámaras legislativas. En algunos casos, esa responsabilidad recayó en un ministro de la máxima autoridad judicial. Todas esas modalidades "flexibilizaron" la rigidez del mismo esquema presidencialista que sostiene la imposibilidad de desbancar al presidente salvo mediando un juicio político o renuncia voluntaria.
Efectivamente el presidencialismo, como forma de gobierno siempre criticada por esa excesiva rigidez del mandato y su naturaleza "caudillesca", ha logrado sostenerse a pesar de los reemplazos presidenciales. En la mayor parte de los veinte casos de reemplazos ocurridos en el Cono Sur, se halló un tipo de "solución", predominando la de carácter "parlamentario". También hubo otros dos tipos de fórmulas de reemplazo que nacieron por impulso del propio titular del Ejecutivo, como ocurrió en Argentina con las salidas anticipadas de Alfonsín y Duhalde, presidente que surgió como reemplazante del renunciante De la Rúa.
En ninguna de esas situaciones de reemplazo las fuerzas armadas fueron protagonistas centrales. Por ello la comunidad internacional debe observar la evolución del caso hondureño y negarle las pretensiones de legitimidad de los reemplazantes de Manuel Zelaya.
GABRIEL RAFART (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Profesor de Derecho Político en la UNC