Las recientes elecciones parlamentarias nacionales quedarán en la historia como aquellas en las que la soberbia kirchnerista recibió una lección a través del voto.

Además, y aunque su gestión no estaba en juego, en los comicios del pasado domingo recibió un tirón de orejas indirecto el gobierno que encabeza en Río Negro el "radical K" Miguel Saiz.

Pero sobre qué le "dijo" el electorado a Saiz pueden hacerse varias lecturas:

- que lo castigó por imponer como candidato al Congreso a un dirigente carente de prestigio sólo porque le resultó útil para un proyecto local en Bariloche hace dos años. Es decir, que prometió una candidatura a la diputación nacional como si fuera un "premio consuelo";

- que la gente le reprochó su adhesión al kirchnerismo

- o que la merma de votos obedeció a temas de su gestión como las sospechas de corrupción que rodean a Daniel Sartor, la pésima gestión de los programas alimentarios que condujo el ministro Alfredo Pega, las críticas al jefe de Policía Víctor Cufré o el desfinanciamiento de los hospitales y otras áreas clave.

Es que nadie pudo hacer campaña claramente sobre los temas provinciales. Y ninguno de los votantes pudo decirle a través del voto y en forma clara e incontrastable qué opina del gobierno de Saiz antes de que finalice, y con la finalidad de que -cuando todavía hay tiempo- reencauce o ratifique sus rumbos.

Lo mismo podría decirse de las confusas lecturas que se plantean respecto de la motivación del voto a los candidatos a diputados nacionales por otros partidos:

- hay quienes dicen que a Oscar Albrieu lo votaron muchos no peronistas, sólo por evitar que ganara el candidato de Saiz al Congreso;

- o que a Odarda la votaron muchos radicales para castigar el kirchnerismo de Saiz

- o que muchos la votaron pensando que era opositora a Saiz y se vieron sorprendidos por su apresurado lanzamiento de una fórmula para el 2011 con el actual vicegobernador Bautista Mendioroz, quien nunca sacó los pies del plato que sirvió Saiz, ni para contribuir a hacer más transparente su gestión ni para denostar el atropello kirchnerista al federalismo.

Sea como fuere, la propia Magdalena admitió que parte de sus votos fueron prestados y, para colmo, su apuro en mostrar adhesión a un frente con el radicalismo amenazó ya con fracturar su capital propio. Gatti escuchó el reproche de su sector más cercano, sobre todo porque fue él quien denunció, hace un par de años, que la aseguradora estatal Horizonte pagaba jugosas cuentas de teléfonos celulares a Mendioroz y a Pascual, entre otros.

Volviendo al punto. Es que, en Río Negro como en Neuquén y en varias otras provincias, no existe la elección de "medio tiempo". Por eso hay quienes toman la elección de diputados nacionales como un método indirecto de enviar mensajes en clave al gobierno provincial.

Según el sistema vigente en la provincia, la Legislatura es designada junto con el gobernador y persiste invariable hasta el final de su mandato.

Y esto sucede a pesar de todos los cambios políticos y sociales que se producen en los cuatro años de gestión: alianzas que se fracturan y otras que nacen, funcionarios que demuestran mucha o nula aptitud para el cargo, legisladores que no abren la boca ni trabajan más que en provecho propio, negociados que salen a la luz, contingencias de la economía que afectan a grandes sectores de la población... de todo.

La Constitución provincial avanzó en mecanismos de democracia semidirecta -como el referéndum o el derecho de iniciativa- pero curiosamente no contempló la más clásica evaluación: la elección popular de mitad de mandato.

No hay mejor encuesta que una elección. Y los políticos provinciales -que pagan por sondeos realizados a veces sobre muestras ínfimas o no representativas- no deberían desaprovechar la posibilidad de obtener un corte claro de la opinión política sobre la gestión.

Por éste y otros temas sigue pendiente en Río Negro una reforma política de fondo. Pero, a juzgar por lo hecho en los casi seis años de gobierno, es poco probable que Miguel Saiz mueva un dedo para volverla posible.

Además de lo dicho, una reforma en serio debería:

- eliminar las listas sábana, pero también todo sistema basado en reducir la base electoral -como son los circuitos- ya que, al distribuir pocos cargos, dejan necesariamente fuera de la Legislatura a las fuerzas minoritarias;

- eliminar el vergonzoso piso del 22% para distribuir bancas en representación de los circuitos electorales;

- plantear la elección directa de comisionados de fomento, sobre todo después de que la pasada elección mostrara que fueron los pequeños electorados los más sensibles al peso del uso del aparato estatal con fines proselitistas;

- eliminar la restrictiva cláusula de residencia para ser juez o funcionario judicial;

- hacer menos discrecional y más meritoria la asignación de cargos por parte del Consejo de la Magistratura;

- exigir que todo candidato a cargos electivos surja de una elección interna de los partidos políticos. Y que sea una genuina, no una mera convalidación de lo acordado por cinco dirigentes;

-prohibir la reelección para todo cargo Ejecutivo y limitarla a una única vez para los legislativos.

La política del miedo

La gripe A -como cualquier situación de crisis- es muy útil para evaluar la conducta y la convicción de servicio de los hombres y mujeres públicos.

A la improvisación inicial siguió un avance claro en la organización. Hubo buena respuesta, a pesar de la escasez de recursos económicos y del crónico desfinanciamiento de los hospitales.

El decreto provincial, si bien algo tardío, precisó los principales puntos para atender la emergencia: cese de clases para prevenir el contagio de los alumnos, recursos extras para Salud, disponibilidad de residencias escolares y afectación de todos los estatales -con carácter de carga pública- bajo la autoridad sanitaria.

Los docentes apuraron la preparación de material para que los alumnos puedan trabajar durante el receso forzoso.

Los comités de emergencia se integraron en las ciudades con participación de los municipios y de Educación.

Y se adhirió a la norma que dio licencia a las embarazadas y personas con ciertas patologías.

Pero, sorpresivamente, lo que debía ser una emergencia se convirtió en vacaciones. Por razones incomprensibles, la Legislatura y la Justicia anticiparon el comienzo y alargaron su feria invernal.

¿En beneficio de quién? ¿Hay hacinamiento en la Legislatura?

¿Cómo podrá el Estado exigirle al personal de Salud Pública el esfuerzo adicional que implica la emergencia, si quienes menos riesgo corren y más beneficios tienen se apuran a refugiarse justo cuando la población más necesita a sus representantes y autoridades?