La lista de Néstor Kirchner, apoyada por el gobernador de turno, se impuso en 17 provincias, pero con 11% menos de votos que en las elecciones ejecutivas de hace dos años.
Esos números prenden una señal de alerta y por esos los gobernadores justicialistas ya comenzaron a pedir más incidencia en la toma de decisiones a nivel nacional y, sobre todo, a exigir que el Gobierno aumente la masa de recursos coparticipables.
Tampoco están tranquilos los no justicialistas, ya que en todos los casos los fondos nacionales son fundamentales para la supervivencia política de cada uno de ellos. Saben que dependen del gobierno central, pero aún no queda del todo claro si su propia situación fiscal le permitirá a la Nación cumplir.
Desde 1983, en las provincias está vigente un "modelo" basado en el gasto y en el empleo públicos como motores de la actividad económica, que se financia en su mayor parte con los recursos coparticipables que recauda la Nación y/o lo producido por las regalías petrolíferas y mineras.
Dado que el cobro de impuestos está a cargo de la Nación o, como en el caso de las regalías, recae sobre un minúsculo sector del electorado, este esquema hace que en épocas de bonanza los gobernadores gasten excesivamente y que en tiempos de crisis puedan pedir auxilio financiero al gobierno central, en lugar de reducir gastos o de aumentar impuestos.
Este procedimiento está especialmente marcado en el caso de las provincias más chicas (es decir, las menos pobladas), por tres razones. En primer lugar, las provincias grandes dependen en mayor medida de los recursos tributarios propios, por lo que deben cubrir los déficits con aumentos de impuestos.
Segundo, la Coparticipación discrimina fuertemente en favor de las provincias chicas, que reciben muchos más recursos de los que se recaudan en ellas. Y tercero, las provincias más pequeñas tienen un enorme peso político, ya que los doce distritos menos poblados reúnen 13% de la población, pero cuentan con 24% de los diputados y la mitad de los senadores.
Esto hace que los gobernadores provinciales compitan entre sí para obtener fondos nacionales con los que financiar sus gastos. En los años '80 esta mecánica fue una de las causas de la hiperinflación, ya que las transferencias discrecionales a las provincias eran muy significativas y se financiaron con emisión.
Carlos Menem revirtió en parte esta lógica, porque forzó el cierre de muchos bancos provinciales y, además, el crecimiento económico del período 1991-98 permitió que el gobierno nacional aumentara las transferencias a las provincias sin generar excesivos problemas fiscales.
Pero con la recesión iniciada en 1998, las provincias comenzaron a recibir menos fondos y en 2001, muchos gobernadores emitieron bonos para pagar salarios. Con la crisis de 2002 no tuvieron más remedio que recortar gastos y personal, lo que desató serios problemas políticos en varios distritos: Carlos Ruckauf renunció a la gobernación de Buenos Aires, Alfredo Avelín fue destituido en San Juan y Sergio Montiel escapó por poco a un destino similar en Entre Ríos.
Reducir gastos siempre es políticamente costoso, pero en las provincias chicas dicho costo se potencia, porque se trata de distritos donde una parte sustancial de la población depende, directa o indirectamente, del gasto público.
Esas condiciones, un recorte de los gastos, los salarios o el empleo puede impulsar huelgas y manifestaciones que, a la larga, pueden terminar en la renuncia o destitución del gobernador.
Los mandatarios provinciales son conscientes de ello y, por eso, aprovechan la debilidad política del gobierno nacional para exigir recursos a cambio de apoyo político: el 1 de julio, el diario "La Nación" informó que ya habían comenzado los primeros reclamos para aumentar la masa de recursos coparticipables y no debería sorprender que en el futuro esos reclamos se vuelvan habituales y no sólo de parte de los gobernadores justicialistas.
Lo que resta saber, de todas maneras, es si la crisis permitirá que el gobierno nacional disponga de recursos suficientes para satisfacer a todos.
