SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Luego de que el juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi aplazara la primera audiencia con el matrimonio barilochense sospechado de presunta comercialización de pornografía infantil, son muchos los ciudadanos que se manifestaron para exigir avances en el esclarecimiento de la causa. Mientras tanto, la APDH ya se moviliza para convocar a la comunidad en demanda de justicia rápida y efectiva.

Al matrimonio de docentes bajo investigación le allanaron su vivienda el miércoles último en el marco de una causa por supuesta distribución y comercialización de pornografía infantil que tiene su origen en Australia e Inglaterra. La investigación indicaría que el material, consistente en imágenes de niños y adolescentes realizando actos sexuales, habría partido de un domicilio de Bariloche.

En el procedimiento, según confirmaron las fuentes policiales, los investigadores secuestraron una computadora portátil, cámaras fotográficas y memorias extensibles, entre otros elementos. Sin embargo, hasta el momento no hay personas formalmente imputadas en la causa, ya que el magistrado no pudo notificar a los prevenidos, Ricardo Runge y Alicia Domínguez, ni pudo aún comenzar a analizar el material secuestrado. Para ello, deberá realizar la apertura de los sobres en presencia de los sospechosos y ofrecerles la posibilidad de nombrar peritos de parte.

Respecto de esta causa, la APDH considera "imprescindible el compromiso de toda la comunidad para exigir a la Justicia que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación y consecuente castigo de tan aberrante crimen".

La producción o publicación de imágenes pornográficas que involucren a menores de 18 años se sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión.