VIEDMA (AV).- Los pedidos de renuncia de la oposición hacia el ministro de Familia, Alfredo Pega, se multiplicaron luego de las elecciones.

El funcionario mantiene varios frentes abiertos.

En la Justicia avanzan las causas por el escándalo Flavors, por el uso de los pasajes oficiales y por la supuesta entrega de becas con fines políticos. La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, critica desde hace meses la falta de políticas serias en la atención de menores bajo la tutela del Estado. Y la delegación de Promoción Familiar de Roca está sumida en el caos desde hace 50 días, tomada por los trabajadores.

Sin embargo, el ministro intenta capear el temporal mostrando algunos logros de su gestión.

Es así que, mediante un comunicado, la Secretaría de Medios dio cuenta en estos días que "un trabajo conjunto desarrollado entre la cartera social y la Unidad central del SINTyS Río Negro, basado en la integración de bases de datos y servicios de intercambio de información que dieron origen al Sistema Integrado de Administración de Programas Sociales, permitió en poco más de 3 años reasignar hacia otros beneficiarios con mayor grado de vulnerabilidad social, recursos por más de 4 millones de pesos".

Según esa gacetilla, el trabajo iniciado a partir del 2005, con un proceso de intercambio de información, estuvo dirigido a la integración de bases de datos de los programas Comer en Familia, Pequeños Ganaderos, Celíacos, Sistema Provincial a la Vejez, Programa de Emergencia Sanitaria, Plan de Seguridad Alimentaria y el programa Peñi.

Si bien no lo consigna, el detalle oficial aparece como una respuesta al PJ, que insiste desde hace meses en conocer el padrón de beneficiarios de planes sociales, porque sospecha que allí se revela un foco de corrupción en el gobierno.