NEUQUÉN (AN).- La comuna capitalina dio de baja durante las últimas semanas a 700 beneficiarios del plan asistencial Comer en Casa a raíz de que no acataron la disposición de elegir entre el programa de ayuda municipal o el provincial. Con esta nueva reducción ya son 1.500 las familias a las que se les retiró el plan de refuerzo alimentario.
"Estas 700 nuevas bajas corresponden a los beneficiarios que fueron detectados que tenían tanto el plan municipal como el provincial y que no optaron en el tiempo que se les dio por alguno de los dos programas", explicó el subsecretario de Desarrollo Social del municipio, Hernán Ingelmo.
El funcionario detalló que "se les dio tiempo hasta el 12 de junio para que eligieran uno de los dos programas porque no pueden tener los dos, y estas 700 personas no se acercaron a manifestar su voluntad, pero tampoco se han presentado a reclamar porque no se les pagó, lo que nos da la pauta de que estamos yendo por el buen camino"
A partir de la informatización de las bases de datos de los beneficiarios asistenciales se detectó el mes pasado que 1.200 familias de esta ciudad recibían beneficios equivalentes de ambos organismos estatales. "Hubo 500 personas que optaron, la mayoría lo hizo por el programa municipal porque somos más respetuosos de la fecha de pago", señaló Ingelmo. Agregó que "si de estas 700 familias hay alguna que necesite que se le mantenga el programa se analizará a futuro con una encuesta social que realizarán los trabajadores del área".
El funcionario detalló que "con esta nueva depuración desde el municipio tenemos ahora casi 7.500 beneficiarios contra los más de 9.000 que teníamos en enero" y agregó que "esta reducción es gracias al entrecruzamiento de datos con la provincia que nos está permitiendo evitar la sobreasistencia y brindársela a quienes realmente la necesitan".
En este sentido Ingelmo advirtió que "el mes entrante comenzaremos una auditoría interna para analizar con datos de la Anses y la AFIP si los beneficiarios tienen trabajo u otro tipo de aporte porque estas ayudas se instalaron en el 2001 y desde entonces no se han depurado los padrones".
Ingelmo precisó que "en todos los casos la auditoría, que tomará cuatro meses, será acompañada por una encuesta económico social que realizarán los asistentes sociales del municipio para analizar si es necesario o no que se siga dando este beneficio a cada una de las familias asistidas".
