Aunque cuando el en aquel entonces hegemónico ex presidente Néstor Kirchner decidió adelantar las elecciones legislativas nadie podía prever que la Argentina sería el escenario de un brote especialmente virulento de la gripe porcina, el que sus auténticas dimensiones se hayan hecho más evidentes un día después del voto ha golpeado con dureza a un gobierno ya debilitado por los resultados. Como consecuencia, se ha propagado la sospecha de que por motivos netamente electoralistas las autoridades optaron por minimizar los alcances de la epidemia, de este modo aumentando los riesgos enfrentados por las víctimas en potencia del mal. Asimismo, la renuncia forzada de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, luego de una larga batalla interna ha contribuido a difundir la impresión de que el gobierno, preocupado como estaba por la campaña electoral, se ha visto desbordado por un problema que no figuraba en sus cálculos, de ahí su incapacidad para reaccionar con coherencia. Por cierto, la declaración tardía de la emergencia sanitaria en jurisdicciones tan importantes como la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, además del Chaco y Corrientes, con la ampliación de las vacaciones escolares del invierno en la mayor parte del país -pero sin llegar al extremo antipático de cerrar obligatoriamente los lugares de concurrencia multitudinaria como los estadios de fútbol- no ha ayudado a restaurar la confianza de la ciudadanía.

Aunque medidas como las ya tomadas, y otras que es de suponer serán anunciadas en los días próximos, resultarán ser muy costosas, dadas las circunstancias no existe otra alternativa que la de hacer cuanto sea necesario para impedir que la epidemia siga fuera de control. De todos modos, debido a que el gobierno, para no decir la clase política en su conjunto, tenía prioridades a su juicio mucho más urgentes que la planteada por un virus de origen exótico, parece inevitable que el impacto de la gripe sobre la actividad económica sea mucho mayor de lo que de otro modo hubiera sido el caso. Por lo demás, si bien puede justificarse la decisión de adelantar el receso escolar, reduciendo todavía más la escasa cantidad de horas que nuestros jóvenes dedican al aprendizaje, convendría que los gobernadores e intendentes responsables ya comenzaran a pensar en cómo recuperar el tiempo perdido. Después de todo, a la larga los costos de la emergencia educativa serán más elevados que los atribuibles a la emergencia sanitaria.

La confusión imperante se ha visto agravada por la falta de estadísticas actualizadas. Según algunos expertos, la cantidad de afectados ya podría superar 50.000: de ser así, la proporción de fallecimientos a causa del mal no sería tan grande como harían suponer las cifras que difundió el gobierno en vísperas de las elecciones conforme a las cuales había menos de dos mil casos registrados. Para agregar más incertidumbre, hay temores de que en nuestro país el virus de la gripe porcina haya experimentado una mutación que lo ha hecho mucho más letal que las variantes que se han detectado en México, Estados Unidos y Europa. Puesto que a esta altura pocos confían en la información procedente del Ministerio de Salud nacional, al nuevo titular, el médico tucumano Juan Manzur, no le será nada fácil cumplir con su primer objetivo que, afirmó, es "tranquilizar a la gente, pero con información".

Además de llamar la atención a la escasa eficiencia del gobierno kirchnerista, la epidemia de "gripe A" ha servido para subrayar las deficiencias de nuestro sistema sanitario y la vulnerabilidad de millones de personas que viven al borde de la indigencia. Por tales motivos, la Argentina ha sido golpeada con mayor dureza que países en que sólo han muerto a causa del virus aquellos pacientes que ya padecían otras enfermedades graves. Si bien sería injusto responsabilizar al gobierno de los Kirchner por la condición lamentable en la que se encuentra el sistema de salud, cuyos problemas eran notorios muchos años antes de su llegada al poder, a pesar de su apego declarado al estatismo no ha hecho nada para mejorarlo. Se trata de uno de los desafíos que tanto la presidenta Cristina como sus eventuales sucesores tendrán que enfrentar, ya que si siguen negándose a hacerlo continuará deteriorándose la calidad de vida de casi todos los habitantes del país.