ZAPALA (AZ).- Un grupo de subsidiados pertenecientes a diferentes localidades del centro neuquino mantenían anoche tomado el Concejo Deliberante de Zapala en reclamo del cumplimiento de una serie de acuerdos pautados con el gobierno de la provincia tras el último corte de ruta.
El eje central de la protesta se vincula con la demora en la efectivización del pago de los beneficios mensuales.
La negociación con la provincia estaba abierta pero no se había logrado llegar a un acuerdo, al menos hasta anoche.
"En algunos casos los compañeros hace tres meses que no cobran por lo cual la asamblea resolvió mantener la ocupación pacífica del Deliberante hasta tanto el gobierno de la provincia acerque las respuestas correspondientes", informó el secretario de la CTA y referente del reclamo, Juan Pelayes.
El conflicto se desató ayer cuando los manifestantes se instalaron en el Concejo a fin de llamar la atención de las autoridades. En ese lugar se desarrolló la asamblea que determinó la continuidad de la medida de fuerza por tiempo indeterminado.
"Hasta aquí no hay novedades, esperamos que los funcionarios entiendan que este es un reclamo legítimo de los trabajadores subsidiados" enfatizó Pelayes.
En primera instancia, el presidente del Concejo Deliberante, Aldo Pizarro, intentó realizar gestiones con las autoridades neuquinas pero ante la falta de resultados la responsabilidad de la negociación recayó en el ex jefe comunal de Los Catutos y actual referente emepenista del centro neuquino, Benedicto Cáceres.
Según explicaron los propios voceros del reclamo, entre los manifestantes hay personas que están incluidas en diferentes programas de asistencia oficial. "Algunos perciben 760 pesos mensuales mientras que otros alcanzan los 900 pesos pero el problema es que hace tres meses que no cobran" indicó Pelayes.
Una fuerte custodia policial se mantenía en cercanías del edificio legislativo zapalino a la espera de la resolución del reclamo. Hace pocos días, el fiscal Marcelo Jofré había solicitado al juez de instrucción Oscar Domínguez que se instrumente una vigilancia sobre los edificios públicos ante la amenaza de los dirigentes gremiales de llevar adelante este tipo de protestas.
