Las elecciones de hoy no sólo dirimirán diputaciones nacionales por la provincia del Neuquén, sino que despejarán el camino para la reforma de la Carta Orgánica de San Martín de los Andes. Bajo el supuesto de evitar superposiciones con la contienda federal, que pudieran entorpecer la tranquilidad de espíritu de los convencionales, se resolvió aplazar para después de estas legislativas el comienzo de la Constituyente, originalmente previsto para abril y luego de otras sucesivas postergaciones.

Pero el adelantamiento de los comicios parlamentarios de medio turno, aquella controvertida jugada del kirchnerismo, operó a la vez como salvadora excusa para ganar tiempo entre los convencionales municipales, complicados como estaban en resolver un asunto curiosamente aún incierto: el del presupuesto.

A nueve meses de que el pueblo eligiera a sus convencionales, éstos carecen de definiciones sobre los fondos para sesionar.

No es un dato menor: el cálculo de los convencionales es casi el triple de los "modestos" 225.000 pesos que fijó el Deliberante, a instancias de la intendencia. Los gastos, en rigor, los estimó el secretario de Hacienda,

Juan Insúa, conocido en los pasillos municipales como "Cocodrilo Dundee", aunque en su caso, dicen refutadores de leyendas al uso de Alejandro Dolina, el cocodrilo está vivo y a buen resguardo en su bolsillo.

El Ejecutivo, después de varias reuniones con los convencionales, acordó acercar unos pesos más y solicitar el resto al gobierno provincial. Se trata de otros 400.000, que deberían aportar en partes más o menos iguales la administración de Luz Sapag y la de su hermano, el gobernador. Pero el gobierno provincial hace mutis y el tiempo apremia.

Desde luego, con lo que ya hay disponible se podría hacer frente a gastos de papelería, asesores, secretarios, luz y gas, pero sin alcanzar a cubrir las dietas de los convencionales. Sobre ese punto hay acuerdo en que los 20 constituyentes cobrarán de bolsillo una cifra similar a la de los ediles, en torno de los 4.000 pesos mensuales. Eso da 320.000 al cabo de cuatro meses (el plazo fijado para sesionar), y de momento no está claro de dónde van a salir.

Mientras tanto, se perfilan algunos temas que tendrán tratamiento en la Convención. Por caso: la figura del viceintendente u otra similar; la posibilidad de revisar las relaciones laborales con el personal municipal, instalando la modalidad de convenios colectivos (cabe preguntarse cuál sería el efecto sobre el actual estatuto); la proporcionalidad entre cantidad de electores y cargos electivos al Concejo Deliberante (hay criterios dispares, algunos quieren más y otros menos bancas); obligación de implementar, sostener y corregir en el tiempo planes estratégicos de desarrollo; reconocimiento y garantía de libre acceso a las costas; la relación entre el municipio y el Parque Nacional; la cuestión mapuche (en este caso, los convencionales podrán ofrecer más pero nunca menos que los derechos ya reconocidos en las constituciones Nacional y Provincial); derechos y obligaciones de los vecinos (sería un capítulo más específico respecto de los que ya fija la Constitución para todos los habitantes de la República); presupuestos participativos; responsabilidad del municipio en servicios públicos esenciales, tales como salud, educación y seguridad.

Todo y más a partir de agosto... porque con o sin plata, alguna vez habrá que empezar a sesionar.

FERNANDO BRAVO
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