MEDANITOS (ACA).- Varios puesteros que poseen campos en jurisdicción de Catriel, denunciaron ante este diario que se sienten "extorsionados por el gobierno de la provincia. Sentimos que nuestro consentimiento ha sido viciado". Es que Profesionales Patagónicos Asociados, el estudio contratado por el gobierno provincial que cobra las servidumbres, aconseja detener el trámite de titularización. Ismael Rodríguez, Manuel Zúñiga, Horacio Bengolea, Gerardo Rodríguez (este último no adhirió al decreto) entre otros, aseguran que si no se revierte la situación en breve iniciarán acciones legales y tal vez medidas de fuerza.
Los Rodríguez aseguran que viven en el lugar desde hace aproximadamente ciento cincuenta años, y que a pesar de la remediación que se hizo hay sectores completamente contaminados con petróleo. Andrea y Roberto Rodríguez, la generación joven de la familia cuenta que "en el año 2000 nos vinieron a desalojar y desde entonces estamos gestionando los títulos de estas tierras. En el 2005 apareció el decreto 227 y algunos adhirieron y otros no". Ahora, con asesoramiento de abogados están dispuestos a ir a la justicia.
La firma
"Mi papá firmó sin saber lo que firmaba. Fue a gestionar pasto para los animales. Pero para dárselo, le hicieron firmar el decreto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros mayores son analfabetos o con escasa escolarización. Pero estamos en contra del decreto porque no nos resolvió nada. Yo fui con otra persona a Viedma para ver por qué a pesar de que habíamos pagado todo no teníamos el título. Pedimos que vengan los abogados del estudio que junto con el gobierno maneja el tema y no se presentaron".
Según interpretan, el decreto 227 con vigencia desde el año 2005, es la norma mediante la cual -explican- se apropian de parte del dinero que las petroleras pagan por los daños que ocasionan operando dentro de esas tierras, quedando para el damnificado sólo el 40 por ciento de lo que pagan las petroleras mientras el resto se reparte entre el estudio de abogados que se encarga de la cobranza y el gobierno provincial.
