NEUQUÉN (AN).- El sindicato que agrupa los médicos del sistema público y el gremio ATE salieron ayer a pedirle al gobierno que aplique la carga pública a los anestesistas del hospital Eduardo Castro Rendón.
Se trata de una disposición que los obligaría, aunque no quisieran, a desempeñarse en los hospitales provinciales.
El pedido surgió en medio del recrudecimiento del conflicto del sector, luego de que un grupo de anestesiólogos saliera a pedir un recorte en el número de residencias en anestesiología.
Los sindicatos los acusaron de intentar disminuir el número de médicos capacitados en esta rama de la medicina para seguir fijando condiciones en los quirófanos, al ser un recurso crítico, que escasea en todo el país.
En tanto ayer el defensor del Tribunal Superior de Justicia, Tomás Gavernet, cuya intervención pidió el subsecretario de Salud de la provincia, Gustavo Curtino, resolvió, a título de recomendación, "que no incurra en la conducta de orquestar, alentar o facilitar la negativa concertada de sus miembros a prestar los servicios de anestesiología, ya sea en el Hospital Público o en el sector privado".
En otro tramo, "se les hace saber que se considerará como una muestra de buena predisposición de su parte, no incluir como elementos del conflicto: la disminución del cupo de residentes, futuros médicos capacitados y habilitados en la especialidad" bajo advertencia de dar intervención a un organismo de "fiscalización competente".
"Menos residentes"
Anteayer Curtino, planteó que mediante una nota los anestesistas le pidieron una disminución en el número de residentes.
La postura de los especialistas es que el organismo nacional que los agrupa es el único que debería certificar la idoneidad de los médicos en formación.
"Muchos hicieron su residencia en el hospital y ahora dicen que el sistema público no los puede capacitar. Buscan quedarse con un negocio negándose a formar a los nuevos profesionales, a los que viven boicoteando y presionando", dijo Álvarez, en una conferencia de prensa ayer en el Castro Rendón.
Los trabajadores pidieron ayer a los "legisladores, al ministro (Daniel Vincent) y al gobernador (Jorge Sapag) que tomen decisiones firmes para terminar con la extorsión permanente de quienes ganan los mejores salarios en los hospitales".
En caso contrario, anticipó Álvarez, "vamos a tomar los quirófanos para ponerlos al servicio de la comunidad".
