NEUQUÉN (AN).- Sin bien se presentaron al menos tres proyectos de ley referidos al procedimiento que se debe seguir frente a usurpaciones de tierras o cortes de ruta, en el último año los diputados no lograron un criterio unificado de cómo actuar frente a estos conflictos y evitaron el debate.

Se presentaron tres proyectos: uno del MPN el año pasado, otro del PJ en la Concertación la semana pasada y otro de Une-MUN Rodolfo Canini, que lleva un año sin tratamiento.

Pero a esas iniciativas se suma que en 2008, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia y entonces diputado nacional, Oscar Massei, promovió en el Congreso un proyecto para hacer obligatoria una instancia de mediación previa a un desalojo; y que la semana pasada, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto Tribug, instruyó a sus fiscales para que agoten todos los medios para que se cumpla el desalojo de quienes corten una ruta o usurpen un inmueble.

El proyecto de ley nacional que presentó Massei en marzo de 2008 plantea la mediación obligatoria frente a conflictos sociales con la creación de una comisión específica para encargarse de la tarea. Recién ante el fracaso de la comisión podría intervenir la fuerza pública. Garantiza que, si hay acuerdo, "no serán punibles las conductas vinculadas al conflicto". Es el extremo opuesto a la ley que promovió el gobierno el año pasado para la creación de un registro único de solicitantes y beneficiarios de viviendas, que en uno de sus artículos retira el beneficio a quienes hayan participado en tomas de tierras privadas o públicas, sin una evaluación contextual.

"El contenido es se puede adecuar a la provincia de Neuquén y apunta a mediar en los conflictos sociales, siempre y cuando no se haya producido violencia o uso de armas", explicó Massei.

En la provincia, el proyecto presentado por Canini también planteaba el uso de la medicación. Proponía crear un "registro de tierras en conflicto", pero lleva un año sin debate en la comisión de Asuntos Constitucionales. Guidali postula que el juez pueda requerir la intervención de la fuerza pública, pero define que los desalojos no podrán realizarse sin previo aviso y "consulta a las personas afectadas", durante la noche ni cuando las condiciones climáticas sean adversas. Además, se deberá proporcionar una reubicación a quienes no dispongan de recursos.