VIEDMA (AV).- El bloque justicialista cuestionó el dictamen de la procuradora, Liliana Piccinini, que rechaza que la Justicia se involucre en el juicio político contra el ministro de Familia, Alfredo Pega, porque entendió que ese proceso no está cerrado en la Legislatura.
Semanas atrás, diputados opositores recurrieron al Superior Tribunal de Justicia para pedir la nulidad de lo actuado por la comisión Acusadora de la Legislatura, que rechazó el juicio político a Pega. El viernes, la Procu- radora recomendó al STJ que esa demanda se debe desestimar porque la "petición resulta a todas luces improponible", pues el "proceso de juicio político no fue aún finiquitado en su ámbito natural, lo cual habla claramente en su extemporaneidad por prematura".
Piccinini valoró que la Legislatura le informó que el trámite no está concluido porque no se reunió la Sala Acusadora.
En un comunicado, el presidente del bloque del PJ, Carlos Peralta recordó que el planteo judicial "se inició a raíz de las severas irregularidades" del trámite en la Comisión Acusadora al momento de tratar el juicio político al ministro de Familia". Sostuvo que la "Procuradora se vale de una interpretación por demás voluntariosa del texto de la Constitución provincial y de la ley 4340. No deja de llamar la atención y pareciera que su dictamen lo escribió el mismo que le redactó la nota a (el diputado Luis) Bonardo", en referencia a una notificación firmada por ese legislador que después denunció haber sido engañado en su buena fe.
Peralta destacó que la "jefa de los fiscales sostiene que debe rechazarse" la presentación porque "no se ha agotado el proceso de juicio político en su ámbito natural", aludiendo que "resta aún la intervención de la Sala Acusadora, que es la que deberá decidir respecto de los dictámenes emitidos por la Comisión Acusadora. Lamentablemente -agregó Peralta- parece que no ha leído el Acta de la Comisión Acusadora del 23 de abril" porque "advertiría" el rechazo al pedido de jui-cio político, "gracias al voto obsecuente y funcional de los legis- ladores del oficialismo, luego de vulnerar desvergonzadamente los derechos de los denunciantes".
Luego, Peralta destacó que "no se formuló cargo alguno que amerite la ulterior intervención de la Sala Acusadora, en los términos previstos por el art. 10 de la Ley 4340. ¿Cómo pretende la procuradora -insistió el legislador- contar los plazos para la elevación a la Sala Acusadora si precisamente no se cumplió con la ratificación de la denuncia?".
También se interroga "de qué cargos pretende Piccinini que la Sala Acusadora tome conocimiento y decisión" o "qué es lo que se pretende que dicha Sala acepte o rechace". Concluyó que, según el dictamen de la Procuradora, "el juicio político contra el Fiscal de Estado, Alberto Carosio, tramitado el año pasado, sigue aún en pleno trámite".
