VIEDMA (AV)- Cada paciente de Salud Mental derivado por Río Negro a centros especializados insume unos 3.600 pesos mensuales. Al año, los gastos suman 993.600 pesos, de acuerdo con los datos oficiales brindados por el Ministerio de Salud Pública al responder a un pedido de informes presentado en el Parlamento rionegrino.
Las personas que no pueden atenderse en los centros de salud públicos del Estado provincial, y que fueron trasladados a sectores privados, alcanzan a 23 en la actualidad. En base a esta cifra, es que se pudo calcular las erogaciones totales y precisas.
Los casos cuentan con el apoyo de las clínicas Valle Sereno de General Roca y San Agustín de Cipolletti, Fundación Lana-Transitar de Cipolletti, Asociación Asumir de Dina Huapi, Prosalud de Bahía Blanca, Casa del Sur de Monte Grande y La Grandiosa de Mercedes.
El informe indica que entre el uno de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, se pagaron 1.104.000 pesos en concepto de derivaciones y albergues. Desde enero de ese último año los costos de las internaciones de las personas por causas relacionadas con el abuso de sustancias, son absorbidos por la secretaría nacional de atención a los adictos (Sedronar) a través del Ministerio de Familia de Río Negro.
También se señaló que anualmente se realiza una inspección que evalúa el estado edilicio, y que la Coordinación en Salud Mental -de la cartera ministerial- suele concretar auditorías técnicas (hasta el momento unas ocho en dos instituciones) e informes mensuales y trimestrales.
Río Negro atiende -y deriva este tipo de patologías- en el marco de la ley provincial 2440. Persigue el objetivo de recuperar la identidad, la dignidad y el respeto de la persona con sufrimiento mental, plantea la internación psiquiátrica como último recurso y la prohíbe salvo casos excepcionales.
El objetivo de máxima es la reinserción comunitaria de aquellos pacientes que para la psiquiatría convencional tendrían un único destino: la internación neuropsiquiátrica.
La experiencia de Río Negro -impulsada por el especialista Hugo Cohen- tiene origen italiano, a partir de las investigaciones de Franco Basaglia. Se trata de un psiquiatra que promovió la discusión por los derechos de los pacientes psiquiátricos en la agenda pública de ese país peninsular, unos 30 años atrás. Sin embargo, Río Negro tiene pendiente aún el debate por algunos términos de la norma provincial en cuanto a los lugares de internación pública porque, si bien se dice que no se admiten, en realidad la derivaciones a privados confirman su necesidad.
En esta cuestión intervino también la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien sostuvo un movido contrapunto sobre cómo mejorar la calidad de atención a pacientes del sector público rionegrino, con actores del sector.
La búsqueda destinada a consolidar políticas públicas en ese sentido tuvo como principal base a las estadísticas hospitalarias que hacen referencia a unas 100.000 prestaciones ambulatorias anuales y 1.400 internaciones en el mismo lapso.
El modelo a seguir generó contrapuntos y cruces entre Piccinini, y miembros de equipos hospitalarios que viven a diario la situación de los pacientes.
La defensora que mantiene un discurso crítico desde su último informe a la Legislatura, denunció el presunto abandono de pacientes en Villa Regina, que fue rechazado por la referente técnica Silvana Romitti.
Piccinini se mostró incisiva en cuanto a revisar la ley 2440, y en la presentación ante el Parlamento hizo referencia a un "alto costo de un millón de pesos en internaciones en privados fuera de la provincia".
La coordinación provincial estimó en su momento que los atendidos sólo implican una franja del 3% sobre las 1.400 internaciones.
