La Cámara Nacional de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad de los indultos que en 1990 el entonces presidente Carlos Menem concedió a los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, informaron ayer fuentes judiciales.
Con esta resolución de la Sala II del máximo tribunal penal del país, quedan firmes las condenas a reclusión perpetua que Videla y Massera cumplían al momento del indulto en cumplimiento del fallo dictado en 1985 por la Cámara Federal porteña, en el llamado "juicio a las juntas".
Videla (82) cumple actualmente prisión preventiva en el penal del partido bonaerense de Marcos Paz, mientras que Massera (83) vive en su piso de la Avenida del Libertador de esta capital, aunque por su mal estado de salud se encuentra desafectado de todas las causas en su contra. Las fuentes judiciales dieron por descontado que los abogados defensores de Videla y Massera apelarán ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendría la última palabra sobre la validez o no de los indultos.
En sus fundamentos Casación consideró que "los indultos dispuestos, entre otros, en favor de Videla y Massera, entraron en colisión al momento de su dictado con el ordenamiento jurídico entonces vigente y desde ese mismo momento carecieron de validez para imponerse, sin perjuicio de la convalidación que de estos hiciera la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en su oportunidad". También dijeron que "de esta forma se inhibe de eficacia el alegar que se han afectado derechos definitivamente adquiridos por sus beneficiarios dado que la fuente de estos aparece viciada en su legalidad desde un primer momento".
Para la Cámara, Videla y Massera "no han aportado argumentos efectivamente ´novedosos´ que pongan en crisis" la decisión sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, decididos por la Corte Suprema.
"Del análisis efectuado surge clara la imposibilidad sostenida por la Corte Suprema de Justicia de dictar indultos sobre hechos calificados como delitos de lesa humanidad", se sostuvo.
Ya en el 2006 Casación había anulado el indulto otorgado en 1989 por el ex presidente Menem al ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura Santiago Omar Riveros, quien había sido condenado en el juicio a las juntas por los crímenes cometidos en Campo de Mayo.
Entre abril y diciembre de 1985 la Cámara Federal celebró el juicio a las juntas militares que concluyó con penas para los dictadores: prisión perpetua para Videla y Massera, 18 años de cárcel para Roberto Viola, ocho años para Armando Lambruschini y tres años y nueve meses para Orlando Ramón Agosti.
Pero en diciembre de 1990 Menem dictó un decreto en el que benefició con indultos a los mandos militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos Videla y Massera, y a Viola, Ramón Camps y Carlos Suárez Mason, así como a miembros de la organización guerrillera Montoneros, entre ellos Mario Firmenich. En abril del 2007, la Cámara Federal había anulado los indultos otorgados a Videla y Massera, lo que ahora fue ratificado por Casación.
