NEUQUÉN (AN).- Los trabajadores del Instituto Autárquico del Desarrollo Productivo (Iadep) fueron obligados a firmar un contrato de confidencialidad que les cierra la posibilidad de dar información sobre los expedientes tratados en el organismo, cuando están en funciones y cuando terminan su jornada laboral.
El contrato, firmado por unos 30 trabajadores temiendo represalias, incluye la posibilidad de que les vigilen sus correos electrónicos, si son enviados mediante los servidores del polémico organismo, en la mira de diputados de la oposición por los créditos productivos que otorgó durante el gobierno de Sobisch (ver aparte).
"Se acuerda expresamente que la información del Instituto (por el Iadep) debe ser utilizada para perseguir los fines propios del Instituto y no deba usarse de ninguna otra forma ni hacerse pública por parte de el trabajador, sea durante o después de su horario o jornada de trabajo, y aun luego de extinguida la relación laboral, cualquiera fuera su causa", dice un tramo del contrato al que accedió "Río Negro".
El documento fija reglas muy claras acerca de la propiedad de la información que circule en soporte digital, incluso la de índole personal.
Impone que la utilización de los sistemas de correo para "cualquier otra cosa" diferente al funcionamiento del organismo público "constituye una violación a la política de protección de la información" interna de surgir "sin la previa aprobación de la gerencia", instancia en la cual quedan inscriptos "aquellos mensajes personales circunstanciales".
No obstante, el artículo más polémico del convenio es el séptimo, donde se establece que "los mensajes de correo electrónico y los sistemas de correo electrónico son propiedad del Iadep". Y que al firmar el contrato, el trabajador "reconoce y consiente el derecho" del organismo a "monitorear, acceder, utilizar, y publicitar cualquier mensaje de correo generado, recibido o almacenado en los sistemas de correo electrónico". A su vez, "renuncia a cualquier derecho a privacidad o expectativa de privacidad de su parte", en relación al uso de los sistemas de correo electrónico.
En una nota enviada al presidente del Iadep, Claudio Gibezzi, el personal acusa al organismo de "violar sistemáticamente nuestro derecho a la intimidad, y la garantía constitucional de inviolabilidad de la correspondencia privada".
En el texto, donde no se oponen a optimizar las medidas de seguridad, siempre que no implique vulnerar sus derechos, exigen elementos de seguridad para cumplir con el cuidado de la documentación que también impone el contrato.
