SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A días de la temporada invernal, la relación entre el municipio y la Asociación Empresarial del Cerro Catedral ingresó en otro conflicto que podría terminar en la Justicia.
La AEAC le pidió por nota al intendente Marcelo Cascón y al Concejo Deliberante la inmediata suspensión de la tasa de servicios que el municipio aplica en el área Catedral desde hace pocas semanas y cuyo pago es condición ineludible para la habilitación de comercios.
Los empresarios aseguraron que la tasa en algunos casos es diez veces superior al de zonas más caras de Bariloche y calificaron a la ordenanza que la fijó como "inconstitucional, confiscatoria, violatoria del derecho de propiedad e igualdad ante la ley".
La incorporación del Catedral al conjunto de contribuyentes reemplazó el régimen anterior, por el cual la AEAC prestaba los servicios y cobraba la tasa, por un convenio irregular que jamás fue aprobado por el Deliberante.
El secretario de Gobierno y Economía del municipio, Federico Lutz, rechazó las críticas y anticipó que mantendrán la tasa. Negó que la temporada corra riesgo, porque el municipio "garantizará los servicios" en el Catedral aunque haya rebelión fiscal. Aclaró que "muchas empresas ya pagaron la tasa".
A diferencia del resto del ejido, donde los contribuyentes pagan la tasa en seis cuotas bimestrales, para Catedral rige un sistema de dos pagos iguales, con vencimientos en junio y julio.
Según detalló el delegado municipal en el cerro, Alejandro Popovici, una escuela de esquí de 10 instructores paga unos $ 3.600 anuales y un hotel de más de 80 plazas abona $ 16.712. CAPSA, que aún no habilitó, tendrá que pagar $ 4.634 por cada uno de sus 38 medios de elevación.
La carta documento enviada por la Empresarial dice que las tasas "en realidad son impuestos confiscatorios que el municipio no tiene atribuciones de establecer". Exige la suspensión "en no más de cinco días", tras los cuales planteará una demanda.
Lutz dijo que el municipio tiene "razones técnicas y políticas" para reafirmar todo lo actuado" y que los importes de la tasa "son menores a los que regían hasta el año pasado" y que cobraba la Empresarial. Los justificó en lo oneroso que resulta prestar servicios en Catedral y en "los costos indirectos".
El asesor letrado del municipio, Daniel Balduini, consideró que la ordenanza "no es inconstitucional" y que el volumen de la tasa no es traslación exacta del costo de prestación de los servicios, sino que incluye un componente solidario. "Habría que preguntarle a algunos empresarios por qué una pizza en el cerro cuesta 60 pesos", agregó.
