Estamos acostumbrados a escuchar cuestionamientos sobre la manera en que se asignan y utilizan los fondos públicos. La mayoría de los comentarios suele expresar sospechas de corrupción o al menos falta de transparencia en el uso de los recursos públicos por parte del gobierno, en cualquiera de sus niveles. Pero pocas veces nos damos cuenta de que la transparencia es sólo una de las dimensiones a tener en cuenta. No dudamos de su necesidad y malo sería, desde un punto de vista republicano, que el gobierno no diera cuenta de sus actos. Sin embargo, es preciso crecer en ciudadanía y responsabilidad a fin de exigir al Estado, además de transparencia, competencia. El uso de los fondos públicos, cuando no atiende a una necesidad operativa o está destinado a aliviar una situación puntual y urgente, debería ser considerado como una inversión y, como tal, debería ser objeto de un análisis competente y profesional. Siendo conscientes de que los recursos públicos son escasos y valiosos, es prudente y responsable -arte del buen político y del buen funcionario- darles el mejor de los destinos.
Muchos son los ejemplos de inversiones públicas en los que, asumiendo que las cuestiones relativas a su concepción e implementación han sido transparentes, damos como un hecho consumado la "bondad" intrínseca de la inversión, y esto puede estar lejos de serlo. En ese sentido, hoy está en el tapete la crítica a la Anses por el uso que está dando a los fondos obtenidos de las desaparecidas AFJP. Esta crítica está basada en la posibilidad de que estas "inversiones" generen en el futuro los fondos suficientes para hacer frente a las jubilaciones.
El análisis para una provincia como Neuquén no debería escapar a este criterio; incluso sería aún más necesario, puesto que en este caso los fondos para realizar inversiones sociales provienen mayormente de economías basadas en recursos no renovables que, una vez agotados, deberán "rendir sus frutos" para compensar ese natural e inexorable agotamiento. Neuquén no debería dejar pasar un minuto sin analizar a fondo el impacto económico y social de cada una de sus inversiones pasadas, presentes y futuras. Pensemos en que cuando el gas y el petróleo se hayan terminado no existirá una segunda "bala de plata".
En este contexto provincial y dando por necesario este análisis, debemos asegurar que cada peso que el pueblo de Neuquén destine a una actividad productiva (futura reemplazante de los actuales gas y petróleo) sea orientado a aumentar la competitividad de esa actividad productiva sectorial en el marco de una matriz productiva en transición. No podemos darnos el lujo -la sociedad y sus gobernantes- de mantener constantes subsidios para múltiples actividades productivas sin exigir a los productores beneficiarios los correlativos progresos en la sustentabilidad de las mismas, entendida ésta como el hecho de encontrar en el futuro a esta actividad en mejor estado que el inicial, realizando esto a costos razonablemente competitivos.
En la provincia del Neuquén y la región patagónica los ejemplos abundan y pueden citarse casos del sector agropecuario para ilustrar el punto. En los últimos diez años, sectores como el ganadero bovino, el frutícola, el forestal y algunos otros más han recibido fondos públicos por varias decenas de millones de pesos provenientes exclusivamente de barriles de petróleo y millones de BTU de gas, puesto que surgían -y surgen- en buena medida de los porcentajes de regalías que instituciones provinciales de fomento al desarrollo productivo provincial deben volcar para la reconversión de la matriz productiva.
Estos recursos públicos entregados al sector productivo? ¿fueron "subsidios" o "inversiones"?
Si fueron "subsidios", podríamos cuestionar legítimamente la actitud del Estado de otorgar este tipo de beneficios a sectores económicos en algunos casos evidentemente concentrados, con abundante capitalización, menos abundante voluntad y compromiso por profesionalizarse y una aversión al riesgo que poco se condice con la actitud emprendedora que cabría esperar de verdaderos empresarios, capaces de desenvolverse autónomamente en el mercado.
Por el contrario, si fueron "inversiones", el Estado y, sobre todo, los productores beneficiados deberían poder demostrar el impacto sectorial logrado con esos fondos, su sustentabilidad y su competitividad actual. Por ejemplo, ¿son la ganadería, la fruticultura o la forestación neuquinas más competitivas hoy que hace ocho, nueve o diez años, cuando se pusieron en marcha los mecanismos de promoción económica destinados a ellas?
Las respuestas a estos interrogantes no son claras. Es indudable que hay variables externas o macro (tipo de cambio, regímenes impositivos, emergencias climáticas) que están fuera del control de los sectores productivos locales y que pueden influir en la competitividad sectorial, pero hay otras que son "endógenas" a la provincia y que inexcusablemente son responsabilidad de los actores públicos y privados que las controlan.
Sabemos de programas provinciales de incentivo sectorial al sector privado que han logrado, por ejemplo, incrementar los stocks ganaderos sin proponerse aumentar la capacidad local de producción de forraje para mantenerlos o cubrir la provincia de plantas frutales y equipamiento de procesamiento sin ningún criterio ni racionalidad sanitaria, económica o comercial.
En todos los casos es bastante poco comprobable cuál ha sido la capacidad de esos instrumentos de devolver los recursos públicos aplicados, a esa sociedad que los cedió para su inversión, con un valor agregado perceptible, puesto que no han sido concebidos desde sus comienzos a partir de una concepción integrada, sistémica y coherente de desarrollo económico regional que incluyera todos los intereses y necesidades sectoriales y no sólo aquellos que tenían o tienen mayor capacidad de "hacerse oír".
Estos ejemplos vienen al caso porque es interesante escuchar con cierta frecuencia en los medios masivos de comunicación de la región, de boca de ciertos productores, algunas frases tales como "Sólo hay que entregarles semillas a los productores, dejen de perder tiempo en diseñar planes de desarrollo"; "Los productores ya saben lo que tienen que hacer, no hacen falta ensayos ni pruebas"; "Que el Estado se ocupe de hacer todas las obras de riego, eso es lo único que hace falta". Este tipo de comentarios, más allá de mostrar cierta ironía implícita y soberbia explícita, revela una profunda irresponsabilidad, pues paradójicamente suele provenir de beneficiarios de muchos de los programas de subsidio sectorial antes mencionados.
Lo dicho hasta aquí nos sirve para reafirmar que el Estado tiene una responsabilidad principal e indelegable en el diseño, la ejecución y el control de los planes de desarrollo económico, gestión que debe realizar de manera competente, participativa y coordinada con todos los sectores involucrados, de manera de asegurar no sólo la transparencia en su ejecución sino la rentabilidad de la inversión pública de la que debe ser custodio fiel.
También nos sirve para recordar a la sociedad la necesidad de exigir el compromiso y la corresponsabilidad del sector privado en su propia mejora competitiva y en el logro de mayores niveles de autosustentabilidad, lo que nos lleva a plantear a debate si las estructuras institucionales de representación colectiva de esos sectores están hoy en condiciones de asumir ese reto.
Es innegable que nuestro país y nuestras provincias atraviesan una severa crisis de institucionalidad y credibilidad del sector público. Sin embargo, este mal se extiende a todas las dimensiones de nuestra vida en sociedad y buena parte del sector privado debe admitir que él mismo es un reflejo de aquellas debilidades que insistentemente le adjudica al Estado. A falta de una renovación de cuadros, de paradigmas de participación y acción y de actitudes más comprometidas con el interés general, seguirá imitando -como un espejo- las deficiencias de ese mismo Estado que parece ser la fuente de todos los males pero al que, cuando la tormenta arrecia, todos buscan como refugio protector.
JAVIER VAN HOUTTE
Ingeniero agrónomo. Subsecretario de Desarrollo
Económico del Neuquén
