CIPOLLETTI (AC).- La justicia rionegrina tiene la sospecha "fundada" de que son algo más de 350 las personas afectadas por la posible estafa de una cooperativa de viviendas. Sin embargo cuenta con la denuncia de sólo unas 40. Por este motivo, y antes de avanzar con el análisis pericial de la prueba existente, decidió realizar una convocatoria pública a todos aquellos que se consideran afectados por los responsables de Tahiel Mapu.
El juez a cargo de la causa, Gustavo Herrera, aseguró que "de la investigación preliminar surge que los perjudicados serían alrededor de 360. Lo que no sabemos es cómo encontrarlos. Entonces con el fiscal Oscar Cid decidimos convocar para que se acerquen al juzgado donde les vamos a tomar declaración y recibir la documentación que tengan", especificó.
Pidió que "en lo posible, lo hagan a partir del martes de la semana que viene" para evitar que los plazos de la investigación se extiendan demasiado.
La causa por presunta estafa se inició en enero de este año cuando un grupo de socios de Tahiel Mapu denunciaron ante la justicia que habían depositado dinero para la compra de terrenos en la ciudad que "nunca aparecieron" y que "la cuenta del banco donde debían estar los fondos se encontraba vacía".
Según explicó Herrera, "la hipótesis que se maneja desde fiscalía es que los representantes de Tahiel Mapu vendieron terrenos que no existían y que el dinero de los socios tampoco está". Esto, dijo, "hay que demostrarlo y para ello necesitamos recopilar toda la información relacionada con la cuenta del banco y la cooperativa, pero sobre todo tener la denuncia de las personas que se sintieron afectadas", aclaró.
Adelantó que por ser una causa "muy compleja" es necesario acotar el tiempo para recepcionar las denuncias.
"Los ingleses dicen que justicia retardada es justicia denegada. Entonces la idea es tratar de trabajar en un tiempo para brindar una respuesta no sólo a las personas que se consideran perjudicadas sino también a la sociedad.
Para el juez avanzar en la causa es importante también porque las denuncias afectan no sólo intereses económicos sino los relacionados con el acceso a la tierra y cuestiona un sistema como el cooperativo "que se vislumbraba como una solución para lograr este objetivo".
