SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- La protesta de los municipales agremiados a ATE por una mejora salarial, continuó ayer con otra jornada de cortes parciales de calles y de la Ruta 234, neumáticos encendidos, basura desperdigada sobre las aceras e intransigencia de las partes. Pero el elemento novedoso es que se iniciaron acciones penales por usurpación y perturbación, a propósito de la ocupación del Centro Cívico.

Así trascendió ayer en tribunales, lo que implica una vuelta de tuerca sobre la disputa que desde hace 11 días mantiene en vilo a esta ciudad, y que hasta el presente sólo se había limitado al ámbito de la Justicia Civil, por la hasta ahora abortada restitución de los camiones recolectores, que los municipales estacionaron frente a la intendencia.

Pero ahora, con la intervención de la Fiscalía con asiento en San Martín, el conflicto tendrá también un costado penal. Si bien no hubo información oficial, trascendió que se elevó un requerimiento de instrucción por usurpación y turbación de la propiedad y perturbación en el ejercicio de funciones públicas.

La medida estaría enancada en las investigaciones de la Fiscalía que siguieron a la ocupación de la planta baja de la intendencia, donde funcionan vitales oficinas administrativas y de atención al público, como Rentas y Tesorería.

Cortes parciales

En tanto, la protesta de los agremiados a ATE continuó con cortes parciales en la avenida Koessler y en la Ruta 234, a la altura del Chapel

Golf, y piquetes sobre la avenida San Martín y la calle Roca, donde se mantuvo una vigilancia policial a prudente distancia. En el centro de la ciudad siguió la quema de neumáticos y la basura arrojada frente a los edificios municipales.

Como anticipó este diario en su edición de ayer, el foco del conflicto se trasladó del reclamo de una mejora de 500 pesos sobre el básico, que la intendente Sapag consideró de imposible cumplimiento, al descuento de los días no trabajados.

El gobierno municipal sostiene que mantendrá los descuentos, por principios políticos y por respeto "al 80 %" de los empleados que no han adherido al paro.

Los municipales acusan a la intendente de "provocación" y de "no querer escuchar", pero la jefa municipal les imputa a los representados por ATE estar embarcados en hostilidades más propias de una campaña política sucia, que de un entredicho laboral.

Un parte oficial difundido por el municipio tras una de las varias frustradas reuniones de las últimas horas, señala que el Ejecutivo ha mostrado su "absoluta voluntad de llegar a un acuerdo con el gremio", prueba de lo cual es que accedió a "contemplar cuatro de los cinco pedidos que se llevaron a la mesa de negociación".

No obstante, dice, "lo que imposibilitó destrabar el conflicto fue la decisión firme del gobierno municipal de descontar los días no trabajados", medida que "responde al respeto que tiene por el 85 % de los trabajadores que continúan desempeñando sus tareas y con la comunidad en general, a quien debe mostrar su compromiso social".

El parte apunta que la actitud gremial "está patrocinada por banderas de diversas agrupaciones políticas y otros grupos minoritarios opositores", por lo que "el Estado municipal no duda en afirmar que se trata ya de un accionar netamente político-partidario".