NEUQUÉN (AN)- El fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Tribug, impartió ayer directivas al fiscal Pablo Vignaroli para que inicie una investigación preliminar de todo lo relacionado con la cárcel de Senillosa. La información la confirmó el propio Tribug ante una consulta de "Río Negro".
Vignaroli supervisa la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, que está vacante, y por eso deberá ocuparse él mismo de la investigación.
El jueves, el vocal del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Labate dijo en declaraciones radiales que el costo de construcción de la cárcel de Senillosa "me parece desmedido". Explicó que costó 80 millones de pesos; "teniendo en cuenta que alojará a 400 presos, 200.000 pesos de costo inmobiliario por interno me parece desmedido, o excesivo al menos".
Aclaró el vocal que "eso pasa por otro ámbito y otros organismos de control e investigación".
"Río Negro" publicó ayer esas declaraciones. Con el diario en la mano, Tribug instruyó a Vignaroli para que inicie un expediente. "Es un vocal quien lo está diciendo, así que pusimos en marcha el mecanismo de investigación", dijo el fiscal del TSJ.
La cárcel de Senillosa, construida durante el gobierno de Jorge Sobisch, está envuelta en la polémica desde sus orígenes. Iba a ser compartida con la Nación según un acuerdo firmado bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, pero luego de 2002 no se la consideró prioritaria dentro del plan carcelario nacional. Lejos de dar marcha atrás, Sobisch redobló la apuesta e hizo una cárcel para 600 internos con pabellones de baja, mediana y alta seguridad.
El costo original iba a ser de 40 millones de pesos, pero el precio final trepó al doble. Y en una recorrida que hicieron esta semana diputados de la oposición con el ministro de Seguridad, César Pérez, y el vocal Labate, se comprobó que no puede ser habilitada por sus serios problemas de seguridad.
Ante este panorama, la provincia no la recibió aún oficialmente.
Con los diputados Ariel Kogan (PJ) y Marcelo Inaudi (UCR) siguiendo de cerca el tema, Vignaroli deberá investigar aquellos convenios entre provincia y Nación, el presupuesto original, las razones por las cuales los costos se dispararon y las fallas en la terminación, que están detalladas en un informe oficial.
En caso de detectar que hubo alguna irregularidad o que se pagó algún sobreprecio, el fiscal deberá tratar de identificar a los responsables a los fines de una eventual imputación.
Por ahora la cárcel se encuentra en estado de abandono porque el Ejecutivo no tiene presupuesto para habilitarla ni personal penitenciario para que trabaje en ella.
