ZAPALA (AZ).- Los empleados municipales zapalinos analizaban anoche en asamblea la posibilidad de levantar temporalmente la medida de fuerza que llevan adelante con el objetivo de favorecer el diálogo con las autoridades locales.
Por otra parte, se confirmó que el juez de instrucción Oscar Domínguez hizo lugar a un planteo del fiscal Marcelo Jofré y ordenó el desalojo del edificio municipal y el corralón que se encuentran ocupados por trabajadores que reclaman un incremento de 600 pesos en sus salarios básicos.
La decisión del magistrado fue elevada a la policía quien tenía originalmente un plazo de dos horas para cumplimentarla, pero hasta anoche no se habían generado novedades al respecto.
En tanto, el diálogo entre las partes se revitalizó ayer por la tarde después que ambos sectores mantuvieran un encuentro donde se barajaron alternativas para superar la crisis.
"Algunos empleados, con más antigüedad, acercaron un bosquejo de proyecto donde se explicaría la forma de otorgar el aumento", aseguró un alto funcionario quien destacó que hoy volverán a reunirse para intentar sellar un acuerdo.
Desde los sindicatos, ATM, SOEMZ y UPCN, se mantiene firme el pedido de una recomposición salarial de 600 pesos sobre los haberes básicos de toda la planta permanente. Los principales referentes del sector, volvieron a insistir nuevamente con el incremento de la canasta familiar que neutralizó las mejoras parciales que ofreció la comuna durante el año pasado.
Por otra parte, ayer, desde diferentes sectores del arco opositor comenzaron a llover críticas contra el intendente Edgardo Sapag y sus funcionarios cercanos ante la falta de resolución del diferendo.
"El conflicto suscitado es de exclusiva responsabilidad de las autoridades municipales, puesto que han incumplido todos y cada uno de los acuerdos sectoriales", expresaron desde el Frente Zapalino, Pablo Tomasini y Omar Rojas.
Los dirigentes advirtieron además que "el equipo de funcionarios que acompaña al intendente municipal, en especial aquellos que han sido denunciados por los gremios, demostraron ineptitud para el trabajo en conjunto con el empleado municipal y un serio resentimiento hacia aquellas personas que consideran (equivocadamente) como funcionales a la anterior gestión. Los empleados municipales han demostrado suficientemente que son fieles a la propia municipalidad y que la defienden y por ello la cuidan".
También acusaron al gobierno de Sapag de "mantener una actitud confrontativa y de persecución hacia aquellos que no piensan de la misma forma".
